Durante su intervención en la citada tribuna de debate, organizada en Madrid por Nueva Economía Forum, el embajador subrayó que falta poco para conseguir la “anhelada” firma entre las partes, lo que permitirá acabar con 60 años de un conflicto que ha causado 200.000 muertos y seis millones de víctimas.

“2016 será el año del cambio, del principio de una paz estable y duradera para Colombia”, sentenció.

Esto le sirvió para dejar claro que durante las negociaciones entre el Gobierno colombiano y las FARC no se ha negociado ni puesto en peligro el futuro político y económico del país ni la viabilidad de sus Fuerzas Armadas.

Lo único que se ha hecho, dijo, es “poner las semillas” para evitar que la violencia rebrote en Colombia.

Furmanski explicó que el Gobierno de su país y la guerrilla han alcanzado un “acuerdo total” en cuatro de los cinco puntos en los que se concreta el marco de los diálogos de paz que ambos actores están llevando a cabo desde 2012 en La Habana.

“CAMBIAR BALAS POR VOTOS”

El primero de ellos, centrado el desarrollo rural, tiene como objetivo “transformar la estructura del campo” para acabar con la “pobreza rural extrema”, mientras que el segundo de ellos, el de la “participación política”, busca robustecer la democracia ensanchando la participación de los partidos de la oposición para romper el vínculo entre “política y armas”. “Cambiemos las balas por votos”, exclamó.

El tercero de esos puntos, el del “narcotráfico y cultivos ilícitos”, pretende acabar con la relación existente entre las FARC y el tráfico de drogas, así como poner en marcha una estrategia para sustituir este tipo de cultivos.

El cuarto punto, vinculado con las “víctimas del conflicto”, es el “más complejo e incómodo”, ya que las personas que han vivido en primera persona sus consecuencias buscan tanto verdad como justicia.

Esto le sirvió para explicar que se conformará una comisión donde se buscará la verdad y la justicia para las víctimas y que se establecerá un nuevo tipo de jurisdicción para evitar que aquellos delitos contra los Derechos Humanos acaecidos durante el conflicto queden impunes.

Esta nueva jurisdicción establece penas de entre cinco y ocho años de prisión complementados con trabajos comunitarios para aquellos miembros de las FARC que hayan dejado de pertenecer a la guerrilla. De lo contrario, “caerá sobre ellos todo el peso de la ley”.

EJEMPLO INTERNACIONAL

Por otra parte, el embajador aseveró que se ha avanzado “mucho” en el final del conflicto, por lo que apeló a la colaboración de la comunidad internacional para que las negociaciones lleguen a buen puerto.

Por ello, agradeció el apoyo de Noruega, Cuba, Chile y Venezuela al impulso que han dado a las mismas, así como al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas por haber aprobado por unanimidad la aprobación de la resolución 2216/2016 a partir de la cual se establece la puesta en marcha de una misión política como parte del Mecanismo Tripartito que verificará y vigilará el alto el fuego y cese de hostilidades en Colombia, cuando se concrete la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC.

“El proceso de paz está siendo serio, digno, realista y eficaz. Sienta un precedente en la comunidad internacional que puede servir de ejemplo para la resolución de futuros conflictos”, concluyó.