En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Garmendia aclaró que se trata de "cambios necesarios" para poner en marcha nuevos mecanismos que eliminen "las barreras que dificultan ahora mismo el trabajo de nuestros investigadores y la innovación de nuestras empresas".

La nueva norma pretende consolidar a España entre los países con mayor producción científica del mundo (es la novena potencia mundial en este ámbito) y mejorar "la capacidad de convertir esa ciencia en innovación", cuestión que el Ejecutivo considera "clave para una economía sostenible basada en el conocimiento".

Buscará reformar el sistema I+D en España, ya que sustituirá al anterior texto, de 1986, y tratará de frenar la "fuga de cerebros", diseñar una carrera científica "estable" y reducir la burocratización del sistema.

Así, tratará de diseñar una carrera científica "basada en méritos, estable y previsible que permita retener y atraer talento científico".

Para ello, se ofrecerá un contrato temporal desde la fase formativa previa al doctorado (se eliminan las becas del sistema público de I+D), "con todos los derechos", y se crea un procedimiento de acceso al empleo público para ofrecer más estabilidad a la carrera de los investigadores.

NUEVA AGENCIA

Para cumplir el objetivo de hacer el sistema de I+D "más eficiente y eficaz" se creará la Agencia Española de Investigación, que realizará "una gestión más ágil, flexible, estable y eficiente", preservando los principios de evaluación y transparencia y con los debidos controles de gestión.

La ley también define un modelo de gobernanza que incluye instrumentos de coordinación con las comunidades autónomas a través de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y del Consejo de Política Científica y Tecnológica.

Finalmente, se reforzarán las conexiones entre el sistema público de ciencia y tecnología y el tejido empresarial, para lo que se recoge el estatuto de la "Joven Empresa Innovadora" y se crea la Estrategia Estatal de Innovación, entre otras medidas.

Incluirá también "aspectos vanguardistas", como la perspectiva de género, la cooperación al desarrollo, la divulgación a la sociedad del conocimiento científico y la introducción de la dimensión ética.

"Es una ley de marcado carácter reformista, vanguardista y centrada en las personas", concluyó Garmendia.