En una rueda de prensa en Madrid, Núñez aludió a lo que considera una contradicción en los argumentos que los antitaurinos baleares le expresaron la víspera. “Prefieren eliminar la especie con tal de evitar a los toros unos minutos de supuesto sufrimiento. Y hablamos de eliminar 250.000 animales, la raza autóctona más antigua”, indicó.

Por su parte, José Miguel Soriano, socio del bufete Cremades & Calvo-Sotelo, que asesora jurídicamente a la Fundación, subrayó que la ley 18/2013, que regula la Tauromaquia como Patrimonio Cultural, obliga a todas las administraciones públicas a aceptar y promover los espectáculos taurinos, por lo que aseguró que ninguna comunidad autónoma tiene competencias sobre esta cuestión y cualquier iniciativa parlamentaria en Baleares para prohibir la tauromaquia sería inconstitucional y recurrible.

Carlos Núñez lamentó, además, la actitud reactiva y a su juicio poco abierta al diálogo que recibió de los grupos parlamentarios impulsores de la proposición no de ley, así como la creciente hostilidad que vienen sufriendo en Baleares los aficionados a la tauromaquia.

Asimismo, destacó la “incoherencia” de algunos partidos, puesto que señaló que “no tiene sentido que el Consejo andaluz de Asuntos Taurinos nos convoque a los distintos agentes del sector para mejorar el reglamento taurino, cuando el mismo partido en Baleares decide actuar contra los toros no porque figurase en su programa electoral, sino por una exigencia de su pacto del Gobierno para esa comunidad”.