Según indicó el sindicato en un comunicado, la citada implantación, vigente desde el 1 de enero de 2016, tan sólo se ha materializado en la obligación de que "la recepción y envío de comunicaciones dirigidas al o por el juzgado se efectúen de forma telemática, mediante la aplicación Lexnet".

El sindicato acusa al Ministerio de Justicia de usar "un eslogan" para "mostrar algún avance" a pocos meses de las elecciones generales, "aun a costa de engañar a la opinión pública".

Denunció asimismo que la 'Comisión de Justicia digital: papel cero' demuestra que la medida "se creó apenas 14 días antes de las elecciones autonómicas, donde era previsible un importante cambio político". "Lo lógico", según el sindicato, habría sido "establecer una moratoria para 'sincronizar' la entrada en vigor y asegurar que se realizara con todas las garantías".

Además, agrega el comunicado, la implantación de Lexnet es "dispar, porque parte de realidades muy diferentes en función de la comunidad autónoma".

LENTITUD

Según el sindicato, los funcionarios y profesionales de la Justicia denuncian que existe una "falta de adecuación de los medios informáticos a las necesidades de la tramitación del procedimiento", lo que deriva en la "lentitud" del mismo.

En segundo lugar, agrega, se tiene una "sensación de improvisación derivada de la falta de una adecuada formación e información de lo que significa la entrada en vigor de la reforma".

Además, "lejos de poder hablar de 'papel cero', la realidad es que a partir del 1 de enero de 2016 se está imprimiendo más papel que nunca", ya que "la presentación telemática de escritos no impide que deban incorporarse necesariamente al procedimiento, que no es electrónico, y que por tanto se sigue tramitando en papel".

Por último, afirma, "se ha producido un traslado de gasto en papel del sector privado en perjuicio del presupuesto público", ya que el uso de la vía telemática para profesionales privados obliga a que "las copias de demandas y escritos que hasta ahora tenían obligación de aportar para las demás partes estén teniendo que ser imprimidas por los juzgados".

El sindicato propone al Ministerio de Justicia que "se impulse con carácter urgente una disposición normativa que limite la obligatoriedad de presentación telemática que impone la Ley 42/2015", para "poder implantar Lexnet con las garantías adecuadas" y "en un término razonable".