En la presentación del informe, el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, denunció que tras la reforma laboral la “tendencia de la recuperación” va en línea con los “errores del pasado”, ya que se basa en “la temporalidad, la precariedad y en utilizar la devaluación salarial como un instrumento para ganar competitividad”, lo que conlleva “un aumento de las desigualdades”.

El análisis elaborado por el sindicato recoge que cerca de 5,9 millones de ocupados tenían en 2014 una remuneración inferior al salario mínimo, 220.000 personas más que antes de la reforma de 2012, lo que representa el 35% del total de asalariados.

Este porcentaje representa tres puntos más que antes de la aprobación de la reforma laboral y ocho puntos por encima del nivel anterior a la crisis.

En la actualidad la cuantía del salario mínimo se sitúa en 655,20 euros al mes, lo que, según denunció el dirigente de UGT, “supone sólo 7,20 euros más en cuatro años”.

Ferrer denunció que el mercado laboral a principios de 2016, cuatro años después de la aprobación de la reforma laboral, “tiene una situación peor”, ya que “el gran objetivo de aumentar la creación de empleo no se ha logrado, sino que hay menos empleo”.

Además, tampoco se ha logrado "el objetivo de reducir la dualidad y la segmentación; al contrario, ha aumentado más la contratación temporal que la indefinida", mientras que el empleo a tiempo parcial ha crecido, “pero ha aumentado el de carácter involuntario”, es decir, aquellos que desean un trabajo a jornada completa pero no lo encuentran.

También denuncia que en este tiempo ha aumentado el “subempleo” por cuenta propia, es decir, el número de personas que se ven “forzadas" a trabajar como autónomos.

En este sentido, admite que en estos años se ha producido una reducción del desempleo, aunque advierte de que “persiste un altísimo volumen” y que la caída del paro "ha venido acompañado de una disminución de la población activa".

DEROGACIÓN

Ante esta situación, Ferrer considera que en el nuevo Parlamento hay un “amplio abanico” de diputados que respalda la derogación de la reforma laboral y la apertura de un proceso de negociación con los interlocutores sociales.

“Hay un amplio arco parlamentario que ve la necesidad de derogar la reforma laboral y abrir una vía de diálogo social”, sostuvo el responsable de Acción Sindical de UGT, quien agregó que la vía “autoritaria” para imponer la reforma laboral sin acuerdo “ha demostrado que sólo lleva al fracaso y produce efectos negativos para los trabajadores y las empresas”.

No obstante, el dirigente sindical sostuvo que es necesario “ir más allá de derogar la reforma laboral”, ya que considera fundamental, por ejemplo, que exista una fiscalidad “justa que contribuya a la distribución de la riqueza”.

Asimismo, en el análisis de los cuatro años de la reforma el sindicato denuncia que está poniendo “en peligro” el actual sistema público de pensiones.

Sobre este asunto, Ferrer recordó los datos de la autoridad fiscal que apuntaban que la precariedad y la devaluación salarial “provocan una reducción de los ingresos del sistema de unos 15.000 millones de euros”.

También defendió que es urgente recuperar “los elementos que configuran la protección por desempleo”, tanto las causas que justifican un despido como las cuantías. En su opinión, la reforma laboral “lo único que ha introducido es “más litigios y más litigios”. Además, subrayó que una vez derogada la reforma se deberá aplicar un “plan de choque por el empleo”.

RESUMEN DE CUATRO AÑOS

El informe elaborado por el sindicato muestra que desde la aprobación de la reforma laboral en febrero de 2011 la ocupación ha descendido en 58.800 personas y la temporalidad ha subido por encima del 25%.

Asimismo, el número de activos en el mercado laboral ha bajado en más de medio millón, lo que ha reducido la tasa de actividad hasta situarla por debajo del 60%.

En cuanto a la evolución de la contratación, apunta que, dada la estacionalidad, “no se puede afirmar que el volumen actual de contratación indefinida sea superior a la de febrero de 2012”. Por el contrario, antes de la reforma, en febrero de 2012, el 9,7% de los contratos que se registraban eran indefinidos, mientras que “en diciembre de 2015 la cifra bajaba hasta el 6,8%".