El recurso de apelación presentado esta mañana ante la Sala de lo Penal del Alto Tribunal por el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, acusa a Varela de haber interpretado incorrectamente la ley y de haber paralizado la instrucción de su causa sin justificación alguna.

El instructor del Supremo, en un auto dictado el pasado 1 de marzo, se negó a practicar las pruebas de descargo solicitadas por Garzón alegando que no podía resolver sobre las nuevas diligencias hasta que la Sala de lo Penal se pronunciase sobre el recurso con el que Garzón pidió el archivo de la causa abierta contra él.

El escrito presentado hoy asegura que Varela se ha equivocado a la hora de interpretar las normas procesales y subraya que el instructor del Alto Tribunal no ha dictado todavía un auto de conclusión de sumario por lo que la investigación de los hechos sigue abierta.

“La ley no prevé que el auto de prosecución o transformación se dicte dosificado en dos momentos, como sugiere EL instructor sin referencia a doctrina ni jurisprudencia”, indica el abogado de Garzón, quien añade que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que los recursos de apelación “no suspenderán la tramitación de la causa”.

PRUEBAS DE DESCARGO

Entre otras pruebas, Garzón solicitó la declaración como testigos de los magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada, Clara Bayarri y Ramón Saéz Valcárcel.

Estos tres jueces discreparon a través de votos particulares de la decisión adoptada el 2 de diciembre de 2008 por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en la que se declaró que Garzón no era competente para investigar los crímenes del franquismo.

El juez también pidió la declaración como testigo del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, para que aclare la postura mantenida por su departamento a la largo de la instrucción de la causa abierta por los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura de Franco. Asimismo, solicitó la declaración de un total de siete expertos internacionales en la persecución de los crímenes contra la humanidad.