En la rueda de prensa de resultados anuales, el banquero quiso aclarar que por el momento no se conoce la sentencia del Tribunal Supremo que podría abrir la puerta a que los clientes institucionales recuperasen su inversión.

“En la regulación de inversores se marca una nítida diferencia entre institucionales e individuales”, explicó Goirigolzarri, tras añadir que incluso el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu también hace esta diferenciación.

De este modo, Bankia ha recibido 49 demandas de inversores privatizados pero de importes “muy pequeños”. Además, hay cuatro sentencias que están en apelación, de las cuales dos son personas físicas y otras dos sociedades mercantiles, mientras que hasta el 28 de febrero está programada la vista de otras cinco demandas.

El presidente del banco precisó también que los pequeños inversores sólo supusieron el 10% del total del tramo institucional, es decir, unos 120 millones de euros. Junto a ello, más de la mitad de los grandes inversores vendieron sus acciones antes de los 30 días de la Operación Pública de Suscripción (OPS) de acciones.

Entre los particulares, desde la entidad precisan que un total de 255 millones tampoco registró pérdidas con la salida a bolsa.

“Vamos a esperar los acontecimientos desde la prudencia y estamos en una situación de mucha calma. El tema está tremendamente acotado en el peor de los casos y no es un tema que nos preocupará, aunque sí nos ocupará”, dijo.

Pero el primer ejecutivo del banco reconoció que desde el punto de vista económico, la salida a bolsa tuvo para los inversores un resultado “muy malo y comprendo a los afectados” pero una salida a bolsa “es una de las operaciones mercantiles más reglada y regulada que existe”.

Con datos a 31 de diciembre de 2015, Bankia recibió un total de 76.546 demandas por el proceso de salida a bolsa que de manera conjunta suman 829,9 millones de euros. Por el momento, los tribunales han dictado 13.478 sentencias firmes por una cuantía de 81,7 millones de euros, mientras que los desembolsos realizados por la entidad ascienden ya a 65 millones de euros.

El importe medio de las demandas que recibe el banco por la salida a bolsa es de 10.000 euros y las costas del proceso se sitúan entre los 3.000 o 3.500 euros. Esto supone que por cada 100 euros que se devuelven, el pago a los abogados se lleva un 30% “largo”. En este sentido, el consejero delegado de la entidad, José Sevilla, admitió que esta cifra es "excesiva y desproporcionada" en el largo plazo.