Burundi entró en crisis el pasado mes de abril tras el anuncio del presidente, Pierre Nkurunziza, de que se presentaría a una tercera ronda de elecciones, en la que posteriormente resultó vencedor. La oposición lo consideró inconstitucional y desde entonces se sucedieron meses de protestas callejeras, que se tornaron en ataques armados y asesinatos diarios.

Al menos 439 personas han muerto desde que se desató el conflicto y más de 220.000 burundeses han huido a países vecinos. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU alertó recientemente de que el país podría estar al borde de una guerra civil.

El pasado 11 de diciembre fue el día más sangriento, cuando, en respuesta a los ataques armados contra tres centros militares de Bujumbura (la capital del país), la policía puso en marcha operaciones de acordonamiento y registro en varios de los llamados “barrios de oposición política”. En algunas de estas operaciones, jóvenes armados abrieron fuego contra la policía, cuya reacción fue ir casa por casa saqueando bienes y deteniendo arbitrariamente o matando a decenas de personas, según AI.

Amnistía Internacional indicó que imágenes y grabaciones de vídeo muestran “con claridad” cinco posibles fosas comunes en la zona de Buringa, a las afueras de Bujumbura. Las fotografías, de finales de diciembre y principios de enero, muestran “tierra removida”, lo que coincide con los relatos de los testigos, que dijeron a AI que las fosas comunes se excavaron la tarde del 11 de diciembre.

“Estas imágenes sugieren un esfuerzo deliberado de las autoridades por encubrir el alcance de los homicidios cometidos por sus fuerzas de seguridad,y por impedir que salga a la luz toda la verdad”, manifestó Muthoni Wanyeki, director regional de Amnistía Internacional para África Oriental, el Cuerno de África y los Grandes Lagos.

“INVESTIGACIONES ADECUADAS”

El equipo de investigación de Amnistía Internacional estaba en Bujumbura cuando se cometieron los homicidios. A la mañana siguiente visitó los barrios afectados, incluido Nyakabiga.

Los residentes describieron cómo se habían abandonado los cadáveres de al menos 21 hombres en viviendas, en las calles y en zanjas de drenaje. Los investgadores vieron grandes charcos de sangre en algunos de los lugares donde se había matado a las víctimas, pero los cadáveres habían sido retirados.

Los testigos describieron cómo la policía y funcionarios locales habían registrado Nyakabiga y otros barrios para recuperar los cadáveres de los fallecidos y llevarlos a lugares no desvelados.

Además del emplazamiento de Buringa, Amnistía Internacional recibió informes fidedignos sobre sospechas de la existencia de fosas comunes que contenían cadáveres de las personas muertas el 11 de diciembre en varios lugares más, entre ellos los cementerios de Mpanda y Kanyosha.

“Las familias necesitan saber qué sucedió a sus seres queridos y poder darles un entierro digno. Los lugares donde se sospecha que se encuentran estas fosas comunes deben protegerse hasta que puedan llevarse a cabo investigaciones adecuadas y los cadáveres que se hallen en ellas deben ser exhumados para determinar las causas de la muerte”, apuntó Wanyeki.