Con esta misiva, el Consejo General de Enfermería y Satse, sindicato de enfermería, que son los integrantes de la Mesa de la Profesión Enfermera, quieren responder a la actuación de algunas autonomías, que han difundido entre sus profesionales documentos en los que llegan a sugerir que el decreto no sería aplicable en su territorio por razones diversas.

Sin embargo, advierten los enfermeros, este tipo de comunicaciones, hechas con el ánimo de tranquilizar, más que aclarar la situación, la complican, “porque generan confusión y malinterpretan lo dispuesto en el citado decreto”.

Por este motivo, la Mesa de la Profesión Enfermera recuerda a las comunidades y a los propios enfermeros que el decreto está en vigor en toda España y que, por ello, no se puede decir arbitrariamente que en una determinada región no se va a aplicar en todo o en parte, por cuanto se estaría incumpliendo un mandato de una normativa básica del Estado español.

De esta forma, prosigue, sin acreditación, ni un solo enfermero puede prescribir en todo el Estado. Y para que los enfermeros puedan indicar, usar o autorizar la dispensación de cualquier medicamento (sujetos y no sujetos a prescripción médica) o producto sanitario, deberán contar con la correspondiente acreditación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Mientras esta acreditación no exista, los enfermeros están obligados a ejercer su actividad en el ámbito exclusivo de la administración de medicamentos y productos sanitarios, previa prescripción del médico efectuada por escrito en la historia clínica del paciente.

Del mismo modo, recuerda la enfermería española, los protocolos ya existentes en la práctica asistencial no son válidos, tal y como señala el decreto. Finalmente, la Mesa de la Profesión Enfermera aprovecha la misiva para demandar la celebración urgente de un Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud monográfico sobre esta situación y pide a los máximos responsables de la sanidad que impugnen ante el Tribunal Supremo los aspectos de la norma que contravengan la legalidad vigente.