En un comunicado, el departamento que dirige Íñigo Méndez de Vigo afirmó que aunque las conclusiones del Abogado General no son vinculantes para el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la hora de dictar sentencia, subrayan la compatibilidad del sistema español con el derecho comunitario.

El Abogado General del TJUE ha hecho público su escrito de conclusiones sobre la cuestión prejudicial C-470/14 elevada por el Tribunal Supremo de España en relación con el recurso presentado por las entidades EGEDA, DAMA y VEGAP contra la regulación de la compensación equitativa por copia privada.

Este sistema está vigente en España desde el 1 de enero de 2012 y se aplica también en otros dos Estados del Espacio Económico Europeo como son Finlandia y Noruega.

"Si bien el Abogado General pone en cuestión que se fijen a priori las cuantías de pago de la compensación por copia privada, debiendo establecerse con base en el perjuicio causado por la vigencia del límite de copia privada, esto no es contrario a la regulación vigente en España", señala el ministerio.

Para el Ejecutivo, el hecho de que figure en los Presupuestos Generales del Estado a priori es necesario para que posteriormente pueda ser abonada una cantidad. La propia regulación española prevé también sistemas de modificación de las partidas de los Presupuestos Generales del Estado a fin de que siempre pueda darse respuesta a la cantidad que anualmente resulte del sistema de cálculo de la compensación.