El Cermi se manifestó así ante la proposición de ley del Parlamento catalán, cuya toma en consideración debate este martes el Congreso, y en la que se plantea la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil para que los médicos y jueces puedan examinar excepcionalmente a las personas presuntamente "incapaces" en sus domicilios, y no en los juzgados.

Para el Cermi, esta situación demuestra que es el momento de regular legalmente un nuevo procedimiento de provisión de apoyos para la toma libre de decisiones, conforme al modelo de la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, "y no tanto modificar el procedimiento de incapacitación judicial vigente".

En este sentido, el Cermi entiende "que lo que toca no es parchear un sistema abocado a la desaparición, sino acometer uno nuevo, inspirado en la Convención de la ONU".

Por ello, pide al legislador "que no malgaste esfuerzos en introducir cambios de poco calado en un sistema llamado a extinguirse, sino que aborde con audacia un nuevo modelo de apoyos para la toma libre de decisiones".

Además, el Cermi se muestra reticente a la propuesta del Parlamento catalán, en la medida en que significa un reconocimiento explícito del fracaso de la accesibilidad universal de los entornos judiciales.

"Como éstos son inaccesibles y muchas veces hostiles a las personas con discapacidad, en vez de transformarlos y hacerlos inclusivos, se habilita una excepción para que el aparato judicial vaya a la persona", señala.

Este planteamiento, explica, que puede hacer más cómodos casos concretos, lanza y asume la idea de que no es necesario intervenir en los entornos judiciales para hacerlos accesibles, sino que cabe la "puerta de atrás" de no tratar normalizadamente a ciertas personas.

El Cermi pide por tanto a los grupos del Congreso que no se tome en consideración esta proposición de ley, o en caso de que se acepte, se enmiende en el sentido apuntado. "Y que se tenga en cuenta que es una modificación efímera, pues es todo el procedimiento de incapacitación actual el que está en cuestión por ser contrario a la Convención de la ONU", concluye.