Un bombardero estratégico B-52 de Estados Unidos cargado con cuatro bombas termonucleares sufrió un accidente mientras repostaba en vuelo el 17 de enero de 1966 al colisionar con un avión cisterna, ante lo cual dos bombas se abrieron, ardieron y contaminaron con plutonio las tierras de Palomares. Pocas semanas después, el entonces ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga, y el embajador estadounidense en España, Angier Biddle Duke, se bañaron en ese lugar para demostrar que sus aguas no eran peligrosas.

El pasado 19 de octubre, el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, y el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, firmaron una declaración de intenciones para descontaminar el suelo de Palomares.

Greenpeace ha hecho público el documento ’50 años de accidente de Palomares: el suceso, las consecuencias y la gestión de los residuos radiactivos’, en el que expone los datos disponibles y repasa las actuaciones de limpieza, investigación y vigilancia que se han llevado a cabo desde 1966 hasta ahora.

La organización ecologista reclama un acuerdo jurídicamente vinculante entre España y Estados Unidos durante un periodo de tiempo no inferior a la permanencia de la contaminación en Palomares y que base sus límites en el principio de precaución y pide transparencia tras el acuerdo firmado por Margallo y Kerry respecto de los planes para la zona.

"Si la contaminación no tiene caducidad, tampoco debe tenerla la responsabilidad. El principio de quien contamina paga debe hacerse valer frente a las instituciones de Estados Unidos. Asimismo, la transparencia y participación pública debe estar presente en las actuaciones de las instituciones españolas", declaró Raquel Montón, responsable de la campaña nuclear de Greenpeace.

La organización ecologista señala que, después del accidente, el ejército estadounidense limpió el área y envió material contaminado de regreso a Estados Unidos, pero la limpieza no fue completa y dejó “una cantidad significativa” de contaminación en la zona.

A finales de la década de los 80, Palomares vivió un boom agrícola, turístico y urbanístico, lo que dio lugar a movimientos de terrenos radiológicamente contaminados, en tanto que entre 2000 y 2010 se trabajó en planes de investigación y rehabilitación, para lo que se ocuparon 40 hectáreas que en la actualidad están valladas. "El desarrollo económico destapó el esfuerzo propagandístico del famoso baño de Fraga por negar la contaminación radiactiva en Palomares. Los residuos radiactivos que se producen no desaparecen jamás por muchos baños, almacenamientos o planes que hagamos", apuntó Montón.

“NO TIENE VALIDEZ JURÍDICA”

Greenpeace subrayó que actualmente existen “incertidumbres” porque existen zonas contaminadas fuera de las valladas, lo que, según fuentes oficiales, se debe a que no existe riesgo real para la población o el medio ambiente. “Este punto no está claro. Si esto es así y no hay riesgo real no se entiende el argumento para la justificación de la nueva necesidad de limpieza para evitar la dispersión, que, por otra parte, califican de irrelevante”, añadió la ONG.

Greenpeace también destacó la incertidumbre sobre la financiación y la responsabilidad para realizar las labores de limpieza y vigilancia, puesto que el memorándum de entendimiento firmado por Margallo y Kerry “no tiene validez jurídica”, ya que abre la puerta a “llegar a un acuerdo futuro, condicionado a la existencia de fondos y sabiendo que no tienen ninguna obligación legal de cumplirlo y que pueden cancelarlo de manera unilateral cuando quieran”.

Por otro lado, Ecologistas en Acción reclamó “transparencia en la ejecución y términos” de la declaración rubricada por Margallo y Kerry, que deja abierta la posibilidad de que Estados Unidos se haga cargo de las tierras contaminadas en un cementerio nuclear en Nevada.

Esta organización pidió que “se hagan públicos” los detalles del acuerdo y “se compense a la población local por los daños sufridos por la limitación del desarrollo de la zona y por la amenaza para la salud”, así como que las tierras contaminadas se evacuen por los puertos más cercanos (el de Carboneras o el de Garrucha) y no se construyan nuevas carreteras para su traslado.