Horrach se refería tanto a la hermana del Rey como a Ana María Tejeiro, esposa de Diego Torres, acusada de un delito contra la Hacienda pública, igual que doña Cristina.

La petición de sobreseimiento de su procesamiento no afecta, en el caso de Tejeiro, al resto de delitos por los que se sienta en el banquillo (prevaricación, malversación, fraude, tráfico de influencias, falsedad, estafa, falsificación y blanqueo de capitales).

El ministerio público hizo una defensa cerrada de la “legalidad vigente”, que en este asunto es “clara” y, por tanto, no necesita de “interpretación” alguna. En este caso, dijo, “no se puede aplicar el Derecho subjetivo, sólo puede ser aplicado el Derecho”.

Se ponía así al lado de la defensa de la Infanta, que sostuvo anteriormente que tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo como la revisión hecha por el Tribunal Constitucional de la misma establecen que un ciudadano no puede ser juzgado por delito fiscal cuando sólo lo reclame la acusación popular, si no lo hacen ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado, en lo que se ha dado en llamar la `doctrina Botín´.

Horrach defendió la labor realizada por Anticorrupción, cuyas investigaciones han hecho posible llevar a los tribunales el 'caso Palma Arena' y el 'caso Nóos', y aseguró que durante todo el proceso ni el ministerio público ni la Abogacía del Estado han encontrado indicios razonables de que la hermana del Rey haya incurrido en delito fiscal.

Pero, sobre todo, el fiscal indicó que “no es sostenible” desde el punto de vista de la “igualdad y la seguridad jurídica que en idénticas circunstancias un ciudadano de Bilbao (por decisión de la Audiencia Provincial de Vizcaya) no se siente en el banquillo y una ciudadana sentada ante un tribunal de lo penal se siente en el banquillo”.

“La justicia penal no puede transformarse en interpretación” con el argumento de que “Hacienda somos todos”, como pretende la acusación popular ejercida por Manos Limpias, ni recurriendo al carácter “difuso” de los delitos contra el erario público, dijo Horrach, quien insistió en que la interpretación de esa doctrina no puede amparar “una discriminación no justificada de una ciudadana”.

“HACIENDA SOMOS TODOS” EN LA PUBLICIDAD

La representante de la Abogacía del Estado intervino a continuación del fiscal Anticorrupción sosteniendo que en casos de delito fiscal el perjudicado es el erario público y “no los ciudadanos en general”.

Para contrarrestar el argumento de Manos Limpias, que cree perjudicada a la ciudadanía en su totalidad cuando se defrauda al fisco, la abogada del Estado insistió en que la máxima de que “Hacienda somos todos” no puede tomarse en su literalidad en una causa judicial, porque en realidad es un lema publicitario sin repercusiones jurídicas. “Es irrelevante o absurdo” hablar de otro perjudicado que no sea el erario público, aseveró.

Bajo el punto de vista de la Abogacía del Estado, la acusación popular no puede garantizar “ni la neutralidad, ni la imparcialidad, ni la objetividad” que debe ser exigible en un proceso penal y aventuró que su acción puede obedecer a “intereses particulares”.

En este punto recordó que de los 248 casos enjuiciados en Baleares por delito contra la Hacienda pública, sólo en el 'caso Nóos' se ha personado una acción popular.