El letrado, en una intervención intensa, solicitó la “nulidad del auto de apertura de juicio oral” contra la Infanta, ya que supondría la “vulneración de sus derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva” contemplada por la Constitución.

En su argumentación, Silva puso en cuestión la figura de la acusación popular afirmando que el “derecho a la tutela judicial efectiva” que consagra la Carta Magna “no abarca a la acusación popular”, que “no es”, por tanto, “un derecho fundamental”.

El letrado insistió en que la llamada `doctrina Botin´ ha sido “consolidada” por el Tribunal Supremo, “ratificada” por el Tribunal Constitucional y “seguida sin fisuras” por al menos siete audiencias provinciales que la han aplicado en casos en los que dirimían delitos contra la Hacienda pública o la Seguridad Social.

Tras insistir en la “ausencia de legitimación” de la acusación popular para exigir el procesamiento de la Infanta, Silva pidió al tribunal que evite que los grandes juristas españoles se “remuevan en sus tumbas” y ponga fin a la “pesadilla” de la interpretación de la jurisprudencia del Supremo anulando el procesamiento de la hermana del Rey.

El apasionamiento del letrado llegó a su máximo cuando se refirió a las interpretaciones hechas desde distintos sectores de la judicatura y los medios de comunicación en contra de la aplicación de la `doctrina Botín´ a la Infanta, que en ocasiones se han manifestado como “auténticas injurias contra los magistrados” del Supremo.

La acción popular, ejercida por Manos Limpias, pide para la Infanta ocho años de prisión por dos delitos fiscales presuntamente cometidos en 2007 y 2008.

Por su parte, el letrado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, anunció que renuncia a plantear la cuestión de competencia que en principio tenía previsto defender en esta primera sesión del juicio Nóos.

AUDIENCIA DE VALENCIA

Vicente Grima, en nombre del que fuera secretario autonómico de Turismo de la Comunidad Valenciana Luis Lobón Martín, presentó una cuestión de competencia territorial y planteó que su defendido sea juzgado por la Audiencia Provincial de Valencia, puesto que todos los delitos de los que se le acusa (prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias) habrían sido cometidos en esa comunidad autónoma.

En nombre del exdirector gerente de Cacsa José Manuel Aguilar, su defensora, Josefa Roselló, planteó también idéntica cuestión de competencia territorial. El directivo está acusado de delitos de prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias.

Luisa Gurillo, abogada de la exdirectora de Gestión de Cacsa Elisa Maldonado Garrido, también planteó una cuestión de competencia territorial para su defendida, que debe responder de los mismos delitos que Aguilar.

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach se opuso a que estos tres procesados sean juzgados en Valencia porque habría que tomar declaración de nuevo a todos los investigados y los testigos y además supondría perder la visión de conjunto de un caso que trata de esclarecer el desvío de fondos públicos tanto en la Comunidad Valenciana como en Baleares. Idéntica posición mantuvo la acusación popular de Manos Limpias.