El fiscal encargado del caso, Pedro Rubira, pedirá 34 años de prisión para Olarra al atribuirle delitos de asesinato terrorista, tenencia de armas de fuego y falsificación de documentos oficiales.

Según el escrito de acusación de Rubira, Olarra Guridi propuso en 1999 a Jon Igor Solana y Harriet Iragui la formación del denominado “comando Erraia”. Los dos etarras recibieron entonces cursillos sobre armamento, manejo de explosivos y robo de coches.

En julio de 1999, los dos etarras entraron en España e iniciaron una primera campaña que duró hasta finales de marzo del año 2000 y en la que recorrieron ciudades como Sevilla, Málaga o Granada, recopilando información sobre comisarías, cuarteles y otros edificios públicos, e hicieron seguimientos a empresarios, políticos, militares y periodistas, entre otros.

En marzo de 2000, tras perder el contacto con la cúpula directiva de la organización terrorista, Solana e Iragui se trasladaron de nuevo a Francia, donde se reunieron con Olarra. El jefe de comandos les ordenó volver a España para llevar a cabo atentados contra las personas sobre las que habían recopilado información.

En concreto, les propuso atentar contra el concejal de Málaga José María Martín Carpena, contra el vicesecretario del PSOE en Andalucía José Asenjo Díaz y contra el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad autónoma Luis Portero García. Olarra les entregó, entre otros materiales, cuatro kilos de explosivos y un millón de pesetas.

Después de asesinar a Portero, Martín Carpena y Asenjo Díaz, los dos etarras se asentaron en Sevilla. En octubre de 2000, Solana e Iragui asesinaron a tiros a Muñoz Cariñanos tras comprobar por teléfono que se encontraba en su consulta.

En su huida por las calles de Sevilla los etarras fueron interceptados por la policía. Tras un intenso tiroteo, los agentes detuvieron a Solana. Esa misma madrugada fue arrestado Iragui, quien había recibido un disparo en el brazo.

Además de la pena de cárcel, el fiscal pide que se imponga a Olarra Guridi la prohibición de residir en Sevilla o de aproximarse a los familiares de la víctima por un periodo de 10 años tras cumplir la condena. También solicita que indemnice a los herederos de Muñoz Cariñanos con 901.518 euros.