La juez ha archivado la denuncia del Ministerio Público contra la corporación municipal por delitos de rebelión o sedición en relación con la aprobación de una moción de apoyo a la resolución independista del Parlamento catalán.

Con esta decisión, Lamela coincide con su compañero del juzgado número cinco, José de la Mata, que también archivó una denuncia idéntica de la Fiscalía por esos mismos delitos contra el Pleno Municipal de Sant Cugat del Vallés (Barcelona), que también respaldó la resolución independentista del Parlamento autonómico de Cataluña. El fiscal recurrió esta decisión que juzga “insólita e inconsistente”.

La juez Carmen Lamela afirma que los hechos denunciados no son constitutivos de delito porque el acto llevado a cabo por el pleno municipal es únicamente una muestra de apoyo al Parlamento catalán sin consecuencia práctica alguna.

Asimismo, indica que el pleno se celebró el 23 de noviembre, antes de que se dictara la sentencia por la que el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la citada resolución, el día 2 de diciembre de 2015, razón por la que no pudo tenerla en cuenta.

En su auto de archivo, De la Mata recordaba que los hechos objeto de la denuncia supuestamente se produjeron justo después de la suspensión de la Resolución 1/XI por el Tribunal Constitucional, pero “desde luego” antes de que se dictara la sentencia sobre el fondo del asunto que declaró la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución parlamentaria.

Además, indicaba que le resulta “llamativo” que se considere que puede constituir delito de rebelión o de sedición cualquier acto de apoyo a la resolución por parte de los miembros de la corporación local y, sin embargo, no se estime lo mismo en relación con los propios parlamentarios que lo aprobaron y tampoco en relación con las organizaciones de la sociedad civil que han impulsado y promovido activamente la campaña municipal de mociones de apoyo.

La fiscalía también había actuado contra el Ayuntamiento de Girona capital, Igualada (Barcelona) y La Seu d'Urgell (Lleida), gobernados por CiU, y Celrà (Girona), gobernado por la CUP. El resto de causas se encuentran en manos de los jueces Fernando Andreu, Santiago Pedraz e Ismael Moreno.