En un comunicado conjunto, las dos organizaciones hablan de “traición” por parte del Gobierno del Partido Popular, ahora en funciones, al publicar la norma en el BOE en una semana “de perfil informativo bajo, debido a la resaca postelectoral y las fechas navideñas, para tratar de silenciar la voz de la enfermería española y que no se conozcan las gravísimas consecuencias que este nuevo real decreto va a tener para los pacientes y para la sanidad”.

El decreto establece que los enfermeros podrán indicar, usar y autorizar medicamentos no sujetos a prescripción de forma autónoma, pero añade que si los fármacos sí están sujetos a prescripción, habrán de hacerlo mediante la aplicación de protocolos y guías de práctica clínica elaborados con participación de médicos y enfermeros, algo que estos últimos rechazan.

En concreto, el decreto señala en su artículo 3 que los enfermeros “podrán indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica, mediante la correspondiente orden de dispensación”.

La enfermería española reprocha al Gobierno que haya modificado la norma acordada en un principio con las comunidades autónomas e insiste en que las modificaciones introducidas en el texto legal son “radicalmente contrarias al normal funcionamiento de la sanidad y suponen un retroceso de décadas al desarrollo profesional enfermero y, lo que es peor, su aplicación generará un colapso sin precedentes en el sistema sanitario”.

Por todo esto, la enfermería española avisa de que “va a utilizar todas las acciones que permita la legalidad vigente y la Constitución Española para tratar de evitar la aplicación del ignominioso artículo 3 de real decreto, incluyendo un calendario de acciones y movilización así como actuaciones jurídicas, mediáticas e informativas que se llevarán a cabo en el ámbito nacional e incluso, internacional”.

“No estamos dispuestos a poner en juego la seguridad jurídica ni de los profesionales ni de los pacientes. Es por ello que la Mesa de la profesión enfermera va a reunir de forma inminente a sus respectivas comisiones ejecutivas para poner en marcha todas las actuaciones aprobadas de forma inmediata”, afirma el texto.

La evidencia de “este grave perjuicio sanitario” se pone de manifiesto, según explica la Mesa de la Profesión Enfermera, en el hecho de que “el Partido Popular se ha quedado solo en la defensa de la modificación anti-enfermera del artículo 3 del decreto”.

Y es que, argumenta, “en tan sólo dos meses de campaña de información de la Mesa de la Profesión Enfermera ya han mostrado su rechazo radical todos los principales partidos en bloque (PSOE, Ciudadanos, Podemos, PNV, Izquierda Unida y UPyD), así como un total de 12 comunidades autónomas”.