Según informó la Policía Nacional a través de un comunicado, la Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (Ucrif) de la Jefatura Superior de Policía de la Región de Murcia tuvo conocimiento en mayo de la comisión de una serie de irregularidades llevadas a cabo por una empresa de trabajo temporal (ETT).

Al parecer, estaban contratando a ciudadanos extranjeros en situación irregular en España, a quienes facilitaría otras identidades correspondientes a extranjeros con permiso de trabajo para explotarlos laboralmente.

Tras las primeras comprobaciones llevadas a cabo por la Policía, se inició una investigación en la que “ha quedado acreditado el abuso y explotación de las empresas, aprovechando la situación de extrema necesidad de los trabajadores”.

Los agentes que llevaron a cabo la investigación indicaron que las condiciones impuestas eran “abusivas y próximas a la esclavitud”. Además de carecer de contrato laboral, percibían un salario por debajo del mínimo establecido, les descontaban los gastos de desplazamiento y les prohibían cualquier tipo de comunicación mientras durase la jornada laboral. Su tiempo de descanso apenas llegaba a los 15 minutos, tiempo este que debían recuperar prolongando la jornada laboral.

Los trabajadores soportaban fumigaciones simultáneas mientras trabajaban dentro de los invernaderos, cayéndoles encima el producto fitosanitario. Algunas de los trabajadores eran mujeres en estado de gestación.

Con todos los datos de la investigación se llevó a cabo una operación policial en la que culminó con la detención de nueve personas, de edades comprendidas entre los 24 y 50 años de edad, entre los que están responsables de la ETT y de la explotación agrícola.

A los detenidos se les imputa el delito contra los derechos de los trabajadores, favorecimiento de la inmigración ilegal, delito contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal.