Representantes de estos colectivos vecinales volvieron a concentrarse esta mañana a la entrada del Palacio de Cibeles, de donde fueron retirados por la Policía Municipal, para hacer balance de los cuatro años transcurridos desde que el Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón extendió el SER (Servicio de Estacionamiento Regulado) a barrios periféricos de la capital.

Casas pidió a la justicia que complete su trabajo y exija al Ayuntamiento que cumpla la sentencia que declara nula la ampliación de los parquímetros de 2006 para que los retire de estas zonas y obligue al Consistorio a devolver de oficio las cantidades que han pagado los vecinos por tiques, tarjetas del SER y multas.

Explicó que hoy mismo han tenido conocimiento de otra sentencia judicial que ha anulado una segunda multa, en virtud del fallo que declaró nula la ampliación de 2006. "Ya no es un solo caso, el de Carabanchel, sino que tenemos otro más en el distrito de Tetuán, y esto no hace más que empezar", aseguró Casas.

El portavoz de los Antiparquímetros, que volvió a pedir la dimisión del delegado de Seguridad y Movilidad, Pedro Calvo, animó a los vecinos a que soliciten la devolución de estas cantidades cobradas indebidamente, pero dijo que los tribunales deben actuar porque "no es justo que obligue a los ciudadanos a gastarse uno por uno en un abogado quizá más dinero del que puede costar la multa".

Casas aseguró que esta "imposición absurda y ridícula de los parquímetros está suponiendo, además, un coste altísimo para los bolsillos de los contribuyentes". Señaló que en estos cuatro años el déficit en las zonas de la ampliación (la diferencia entre lo que ingresa el Consistorio por los parquímetros y lo que paga a las empresas concesionarias) supera los 75 millones de euros.

MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS

Además, en opinión de los Colectivos Antiparquímetros, el Ayuntamiento podría estar incurriendo en un delito de malversación de fondos públicos, ya que están convencidos de que aunque en mayo de 2006 el Consistorio decidió suprimir las plazas azules de los cascos históricos por las protestas vecinales, continúa pagando a las empresas concesionarias por ellas. Aseguró que este dinero indebidamente pagado supera los dos millones de euros.

Casas criticó finalmente la actitud "absolutamente antidemocrática" de Gallardón, que ni siquiera les ha respondido a las cartas que le han remitido pidiéndole una reunión ni a su solicitud de que haga una consulta popular en los barrios afectados. También aludió a la "cobardía" de Mariano Rajoy y Esperanza Aguirre, a quienes también han pedido una reunión por este asunto.