La institución señaló en un comunicado que el control de flujos migratorios y la necesidad de que las personas que deseen entrar en Europa lo hagan de manera legal y ordenada "debe ser compatible con el respeto de los derechos humanos y de las obligaciones internacionales suscritas por cada país".

El Defensor hizo balance de las actuaciones que ha desarrollado este año para velar por los derechos de estas personas. Tras inaugurarse la nueva oficina de asilo en el puesto fronterizo de Beni Enzar (Melilla), la defensora, Soledad Becerril, y el adjunto, Francisco Fernández Marugán, visitaron las instalaciones que habían sido reclamadas en numerosas ocasiones por la institución y que, en opinión del Defensor, "mejoran el proceso de identificación de las personas que tienen necesidad de protección internacional, diferenciándolas de aquellas que intentan acceder a España de manera irregular. También visitaron el centro de estancia temporal de extranjeros de esta ciudad".

Además, el Defensor ha recomendado aumentar el personal asignado a la tramitación de solicitudes de asilo. Esta petición ha sido atendida y el Gobierno ya ha contratado a las primeras personas para reforzar el sistema de asilo.

En 2015 la defensora ha visitado dos de los cuatro centros de acogida a refugiados (CAR) que hay en España. Acudió a las instalaciones del CAR de Alcobendas y del de Vallecas para conocer las políticas de integración y de intervención social y los programas de alfabetización lingüística y de formación ocupacional que realizan. Además, solicitó información sobre la escolarización de los menores que se encuentran en estos centros.

La institución ha supervisado tres vuelos de repatriación. La defensora supervisó uno de los operativos hasta el final del embarque. También visitó el Centro de Internamiento de Extranjeros de Algeciras para conocer la situación de los internos y el estado de las instalaciones.

La institución ha solicitado en numerosas ocasiones que la custodia policial en los centros de internamiento se centre en el exterior de las instalaciones y la coordinación de la convivencia en el centro se realice por personal especializado en intervención social. El Defensor celebró el convenio de colaboración firmado por el Ministerio del Interior y Cruz Roja para ampliar a los CIE de Valencia, Murcia y Algeciras la asistencia social y humanitaria que esta organización ya prestaba en los de Barcelona y Madrid.

Además, el Plan integral de lucha contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual (2015-2018) ha tenido en cuenta recomendaciones del informe 'La trata de seres humanos en España: víctimas invisibles' (2012). Se ha reforzado la prevención y detección de la trata, se revisan los procedimientos de identificación, protección y asistencia a las víctimas y se trabaja en la especialización de profesionales dedicados a la investigación y enjuiciamiento de estos casos, como recomendó la institución.

La Dirección General de la Policía también ha aceptado una recomendación para compartir con las autoridades policiales extranjeras los datos de menores, posibles víctimas de trata, para localizarlos y evitar situaciones de riesgo y explotación en las que puedan encontrarse.

Las condiciones de acceso a la nacionalidad de las personas con discapacidad han mejorado gracias a una recomendación del Defensor, aceptada por el Ministerio de Justicia, en la que se promueven apoyos y ajustes para adaptar el contenido de las entrevistas realizadas a estas personas.