Esta es una de las medidas propuestas por los técnicos de Hacienda para luchar contra la economía sumergida y que según este colectivo se deberían incluir en el nuevo Plan Antifraude que previsiblemente aprobará mañana, viernes, el Consejo de Ministros.

Gestha considera que el nuevo proyecto antifraude, incluido en la estrategia de la Economía Sostenible, debe centrarse en descubrir y erradicar las actividades subterráneas, desplazando “la lupa” de la investigación de las rentas de trabajo hacia las grandes corporaciones empresariales, las sociedades instrumentales, los paraísos fiscales y las grandes fortunas, pero también fomentando una mayor colaboración entre las distintas Administraciones Públicas y estableciendo una serie de objetivos claros de lucha contra el fraude basados en estudios oficiales periódicos.

Además, Gestha propone una batería de medidas fiscales entre las que destaca eliminar las ganancias patrimoniales especulativas, principalmente las inmobiliarias y sobre valores mobiliarios del concepto de renta del ahorro para que tributen con la tarifa del Impuesto de la Renta.

También pide modificar la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva para limitar la participación en las Sicavs y evitar así los abusos de las grandes fortunas. Y suprimir la tributación al tipo fijo del 24% durante seis años de los sueldos y primas de directivos y deportistas de elite que hayan fijado su residencia fiscal en España (desde el 1 de enero de 2010 este beneficio sigue vigente para ingresos menores de 600.000 euros anuales).

Considera necesario, además, restablecer el Impuesto de Patrimonio para los 47.614 contribuyentes que declaran un patrimonio individual neto de deudas superior a 1,5 millones de euros, lo que permitiría al Estado ingresar unos 1.240 millones de euros adicionales.

Los Técnicos de Hacienda estiman que con un plan eficaz de lucha contra el fraude se podría reducir en diez puntos porcentuales las bolsas de fraude y la economía sumergida en España, actualmente estimada en el 23,3% del PIB, situándola en niveles similares a los países de la Unión Europea.

De esta manera, según los técnicos la Agencia Tributaria podría ingresar adicionalmente unos 38.500 millones de euros evadidos cada año, que equilibrarían las cuentas públicas y evitarían la alternativa de subir impuestos o alargar la edad de jubilación.