Así lo afirma un documento aprobado por la Asamblea General de la Organización Médica Colegial (OMC), que subraya que “no se puede admitir que la farmacéutica trate de forma distinta a afectados españoles de otros europeos”, pues la negativa de la farmacéutica a reparar esta “tragedia” constituye “un atentado a la dignidad de persona y una vulneración de los derechos humanos”.

La OMC dice que se siente en la obligación de aportar el citado informe ante una “clara vulneración de los valores y principios que defiende la profesión médica y por el mandato deontológico de apoyar a las víctimas de la talidomida”, que llevan más de 50 años esperando ser compensadas por los graves efectos y malformaciones sufridas a consecuencia del fármaco.

El documento también responde a la petición de ayuda de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite). Las víctimas, que en España se calculan en más de 500 actualmente, llevan años reclamando indemnizaciones, pensiones y ayudas como las existentes en otros países europeos.

Considera la OMC que su situación es "un agravio comparativo", ya que España es el único país en el que los afectados no reciben apoyo alguno ni del Estado ni de la farmacéutica Grünenthal, propietaria del fármaco.

El colectivo médico se suma así al apoyo que las víctimas han recibido del Parlamento español, del Parlamento Europeo y del propio Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, tras la sentencia dictada por el Tribunal Supremo en octubre que desestimó los recursos de Avite por considerar que habían prescrito.

INFORMACIÓN FALAZ

El informe argumenta que “el laboratorio presentó a los médicos una información científica de seguridad un tanto falaz” y los médicos prescriptores actuaron con la evidencia de que disponían que era la “enorme seguridad y falta de toxicidad” proclamada por la compañía farmacéutica y no desmentida por las autoridades sanitarias.

Asimismo, los médicos concluyen que “se debía y podía haber actuado con mucha anterioridad, mayor celeridad y diligencia” y que no ocurrió “por desidia y falta de interés en el Estado español”. Además, recuerda que la mayoría de los afectados no han tenido reconocimiento y compensación por los daños del medicamento.

Finalmente, la OMC insta al Estado a reabrir el reconocimiento de afectados de forma permanente y “con la mayor diligencia posible” para compensarlos. “La catástrofe causada por la comercialización de la talidomida no puede quedar sumida en el olvido ni en la pasividad de los diferentes gobiernos y sectores de la sociedad, en especial de los sanitarios. Es preciso activar una postura ética que sensibilice a la sociedad para que responda adecuada y proporcionalmente ante esta agresión a nuestros pacientes y ciudadanos”, sentencia.