Este Consejo, creado recientemente, parte de la necesidad de incrementar la participación de la sociedad civil, participación que hasta ahora no gozaba de un soporte normativo de este nivel. De esta forma, se da respuesta a la amplia demanda de las organizaciones sociales de tener representación en las instituciones que definen las políticas estatales sobre drogas y otras adicciones, informa el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Está compuesto por representantes de las administraciones públicas con competencias en materia de adicciones, de la Fiscalía General del Estado y de los principales agentes sociales: comunidad científica, entidades privadas sin ánimo de lucro de ámbito nacional, así como organizaciones empresariales y sindicales más representativas de ámbito nacional. Se constituirá en un plazo máximo de cuatro meses, contados a partir de la entrada en vigor del presente decreto.

El Consejo de Ministros también aprobó lo criterios de distribución en 2016 del Fondo de Bienes Decomisados. Las cantidades integradas en el Fondo se destinarán a intensificar las actuaciones para reducir la demanda de drogas, controlar su oferta y facilitar la cooperación internacional en esta materia y a la prevención de los nuevos patrones de consumo y de las nuevas sustancias, la atención a los menores en situación de riesgo y los programas centrados en los problemas de las mujeres drogodependientes.