Así lo manifestó este viernes el ministro de Justicia, Rafael Catalá, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gobierno, que reconoció que ese trabajo se hacía hasta ahora de manera “informal”.

Según Catalá, ya funcionan 26 equipos que, en principio, darán lugar a otras tantas oficinas, que articularán su trabajo a través de convenios con colegios de psicólogos, para los que se ha aumentado el presupuesto.

El real decreto prevé la posibilidad de medidas específicas para los colectivos especialmente vulnerables, como menores de edad y personas con discapacidad, así como víctimas de trata de seres humanos, terrorismo, delincuencia organizada, violencia o explotación sexual, violencia de género o víctimas por motivos de odio. Dichas medidas irán orientadas a la recuperación integral de estas personas, a que se pueda hacer una evaluación individual de sus necesidades y circunstancias y para evitar el riesgo de “victimización reiterada, la intimidación y/o sufrir represalias”.

Según Justicia, para conseguir una homogeneidad en todo el territorio nacional, la atención a las víctimas se canalizará a través de las distintas Oficinas de Asistencia a las Víctimas como unidades dependientes del Ministerio de Justicia o de las comunidades autónomas con competencias asumidas sobre la materia.

Las oficinas prestarán servicios de asistencia profesional multidisciplinar, mediante gestores procesales que acompañen a las víctimas durante el proceso penal, la asistencia de psicólogos y otros profesionales especializados.

Igualmente, para que la asistencia sea “más coordinada” entre las instituciones implicadas, se impulsa un Consejo Asesor de Asistencia a las Víctimas con representación de la Administración General del Estado, el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, las comunidades autónomas con competencias en materia de Justica, el Consejo General del Colegio de Psicólogos y las asociaciones representativas de las víctimas.