Así lo acuerda la titular del Juzgado Central de Instrucción número tres, a instancias de la Fiscalía, con el objetivo de evitar un “retraso injustificado” de la investigación y a la vista de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que, como regla general, establece que cada delito dará lugar a la formación de una única causa y sin que exista en este caso conexidad entre ellos.

En el auto de inhibición la jueza recuerda que hasta ahora no se ha practicado ningún acto de investigación, salvo los informes de inteligencia, y que para iniciar la instrucción lo primero que debería hacer sería reclamar testimonio de la causa seguida en cada juzgado que conoce cada uno de los atentados, realizándose tantas investigaciones como delitos se imputan a los procesados.

Ello, dice Lamela, aumentaría la complejidad de la instrucción “teniendo en cuenta las distintas fases en que se encuentran los distintos procedimientos, las distintas personas a quienes se imputan cada uno de ellos y los diferentes tiempos y circunstancias en que los delitos fueron perpetrados”.

“Todo ello necesariamente habría de provocar, como sostiene el Ministerio Fiscal, un retraso injustificado en la instrucción de cada procedimiento, además de sustraer la competencia de los órganos judiciales competentes (y que en su momento abrieron causas por los hechos que aquí se incluyen) para adoptar las medidas de investigación y resolutivas que estimen más adecuadas a derecho”, explica la resolución.

Por tanto, la magistrada se inhibe a favor del Juzgado de Instrucción cinco en el caso del atentado con coche-bomba en el cuartel de Legutiano que mató al guardia civil Juan Manuel Piñuel en mayo de 2008; del Juzgado de Instrucción uno por la muerte del brigada de Ejército Luis Conde de la Cruz en Santoña, en septiembre de ese mismo año, y del Juzgado de Instrucción seis por el asesinato de Ignacio Uría en el mes de diciembre.

Además, envía al Juzgado de Instrucción cuatro dos causas: el asesinato del inspector de Policía Eduardo Puelles mediante la explosión de un artefacto lapa en el coche, en junio de 2009, y el atentado con bomba-lapa bajo el vehículo oficial que causó la muerte de los guardias civiles Enrique Sáenz de Tejada y Diego Salvá.

El propio Juzgado Central de Instrucción tres se queda con el procedimiento que se sigue por el asesinato mediante disparos del exconcejal del PSE Isaías Carrasco, perpetrado el 7 de marzo de 2008.