El portavoz del BNG en el Congreso de los Diputados, Francisco Jorquera, reconoce que “es necesario acometer modificaciones en el Código Penal", pero no son las que ha pensado el Gobierno, pues “sólo se centra en los aspectos punitivos".

Para Jorquera, el endurecimiento de las penas choca "abiertamente" con el artículo 25.2 de la Constitución, que establece la reinserción del penado como objetivo de la pena, así como con la doctrina del Tribunal Constitucional, que estableció que "la preparación para la libertad de un penado es un supuesto irrenunciable”.

A su juicio, el Gobierno ha sucumbido a la presión mediática, que está "conformando una opinión pública errónea en torno a la criminalidad y la seguridad ciudadana en el Estado español”.

Tras recordar que España tiene el "dudoso honor" de tener uno de los porcentajes de presos más altas de Europa, que contrasta con la baja tasa de criminalidad.

En este sentido, recordó que en España hay 164 presos por cada 100.000 habitantes, mientras que la media de la UE está en 63 por cada 100.000. En cuanto a la tasa de criminalidad, la española es de 47,6 delitos por cada 100.000 habitantes, "muy lejos" de la media europea (70,4) y de países como Reino Unido (101,6) o Alemania (76,3).

Para el BNG, es necesario abordar medidas que solucionen la "ineficacia de la Administración de Justicia que provoca, en no pocas ocasiones, un incumplimiento de las sentencias”.

“Esa es la cuestión que debe tratarse y no la supresión de supuestos beneficios penitenciarios a los delincuentes o el endurecimiento de la penas, porque cualquier solución que se proponga es absurda si el sistema judicial no es capaz de aplicarla”, sostiene Jorquera.

A su juicio, la reforma del Código Penal “debería inspirarse en un Derecho Penal basado en la satisfacción de las víctimas mediante una justicia restaurativa".