En una rueda de prensa celebrada en la sede de IU, Cayo Lara señaló que los incentivos fiscales para rehabilitar viviendas y edificios “favorece poco a las rentas medias”. En cuanto a la medida para que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) preste directamente a las pequeñas y medianas empresas, manifestó que “falta conocer la chicha”.

Cayo Lara criticó que el documento remitido por el Gobierno “no dice nada” de los 181.000 desahucios que previsiblemente se producirán en 2010 contra familiares que no pueden pagar sus hipotecas porque han perdido el empleo y carece de cualquier tipo de ayuda.

El coordinador general de IU señaló que aunque el Gobierno “debilita” dos de las propuestas que le hizo hace casi un año la coalición, ésta “no tira la toalla” y acudirá el jueves “con ánimo constructivo” a la reunión con el Gobierno.

Así, IU remitirá al Gobierno tres nuevas medidas, elaboradas a partir de las ideas que le remiten los ciudadanos a la coalición. La primera está relacionada con el apoyo a la economía social y al cuarto sector, la segunda está pensada para desarrollar un plan de reforestación, que generaría 300.000 empleos) y el tercero implica un nuevo diseño de la financiación local.

Cayo Lara recriminó al Ejecutivo que sus propuestas no recogen ni una sola medida de creación directa de empleo, como tampoco aborda la reforma financiera para luchar contra la economía sumergida y el fraude fiscal.

SIMULACIÓN

Por su parte, el responsable de Economía y Trabajo de la coalición, José Antonio García Rubio, explicó que IU ha hecho una simulación con el programa Padre para valorar las propuestas que ha hecho el Gobierno para la rehabilitación de viviendas.

“La consecuencia de esa simulación es que un matrimonio, con dos hijos menores de edad y la vivienda pagada, que gane el tope que se ha puesto en la medida, 33.000 euros, sólo podría beneficiarse de una subvención de 4.276 euros, es decir, mucho menos del tope de los 12.000 euros que propone el Gobierno”, explicó.

García Rubio añadió que para una familia con un único perceptor de 16.200 euros brutos anuales no se beneficia de ni un solo euro. “Es un mecanismo profundamente injusto”, porque el tope de los 12.000 euros que establece la medida se establece a partir de rentas superiores a 57.000 euros anuales, denunció.

En cuanto a la medida del ICO, cuestionó que tenga que convocarse un concurso público para que una entidad privada se encargue de la gestión y comercialización de los nuevos créditos, cuando bien podrían hacerlo las cajas de ahorro que ya hay en el país.

Las medidas propuestas por IU suponen un gasto de 11.800 millones de euros para crear 1.100.000 puestos de trabajo. De esos 11.800 millones de euros, habría una reversión a las arcas del Estado de unos 8.000 millones de euros.

Sin embargo, el plan del Gobierno, explicó García Rubio, “sólo implica gasto”, mientras que lo que propone IU tiene “las compensaciones de las cotizaciones a la Seguridad Social, la compensación en su caso del IRPF y la compensación de que la gente trabaja pero también se la forma”.