Entre estos principios éticos, el documento presentado hoy alude a “la gestión eficiente de los recursos”, no solo monetarios, sino de infraestructuras, bienes y personal.

El presidente de Cosce, Nazario Martín, subrayó cómo antes de la crisis se construyeron muchos parques científicos que en algunos casos se han quedado sin terminar o están vacíos por falta de actividad.

“Es lo mismo que pasó con algunos aeropuertos”, y “nuestra intención es evolucionar hacia una gestión más eficiente, para que no se vuelva a repetir”. Se trata de no tener “los laboratorios para almacenar macetas”, apuntó el presidente del CSIC, Emilio Lora-Tamayo.

La declaración hace también referencia al registro de resultados, para que nadie se apropie del trabajo de otros; a la no manipulación de los datos a fin de confirmar teorías de partida; a los posibles conflictos de intereses (por ejemplo con las empresas contratantes); al respeto de la autoría; a la comunicación pública de los resultados, que no debe retrasarse por presiones externas; a la correcta metodología en los trabajos; a la colaboración dentro de los grupos; a la relación entre distintos organismos, y a la evaluación externa de resultados.

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Según el presidente de la CRUE, Segundo Píriz, “es importante en estos tiempos transmitir a la sociedad el mensaje de que la profesión científica es honesta, seria y transparente”.

"Desde luego ya lo éramos antes de firmar este documento”, dijo, pues los casos de infracciones son puntuales, lo cual no impide que de vez en cuando se produzcan plagios, manipulaciones en los resultados, apropiaciones indebidas de patentes y “malas praxis en las investigaciones”. Las nuevas tecnologías permiten detectar mucho más rápido estas malas prácticas, apuntó.

A su juicio, sí son más frecuentes los malos hábitos cotidianos, que “no se hacen a mala fe, pero que perjudican la carrera investigadora, sobre todo de los jóvenes”.

Como ejemplo, citó a los estudiantes que investigan sin cobrar para otros a la espera de una beca que tarda mucho en llegar, o la no inclusión de todos los autores en una publicación. En su opinión, “los jóvenes soportan ahora una mayor competitividad y una presión muy fuerte por publicar”, que puede ir en contra de su integridad.

No obstante, Lora-Tamayo insistió en que estas recomendaciones ya se siguen en la ciencia española, aunque, igual que con las bodas de plata, “no está de más recordarlas de vez en cuando”.

La declaración insta también a las instituciones a promover estos principios en la actividad científica española, pues además de las leyes, “la sociedad debe incorporarlos a su cultura y somatizarlos”.

Preguntado sobre el 'caso Monedero', Martín admitió que este posible caso de malas prácticas es puntual, ya que ”en la Complutense hay muchos investigadores que trabajan con empresas y declaran lo que deben a la universidad”.

Con todo, resaltó que ni este documento ni las leyes por sí solas podrían haberlo evitado, pues “luego debe haber agentes que controlen las actuaciones de cada uno”.