El sindicato denunció que estas personas son el único grupo que ha aumentado en número de parados en 2014 y exigió unas políticas de integración más eficientes y efectivas, desde el diálogo social, con el fin de lograr aumentar la contratación a través de la igualdad de trato y oportunidades.

Además, pidió un mayor cumplimiento de la normativa en la contratación y una intensificación de la actuación de la Inspección de Trabajo, prestando especial atención a la discapacidad sobrevenida.

Según indicó UGT, de las 1.428.300 personas con discapacidad en edad de trabajar, 894.700 son inactivas y los parados de larga duración ya alcanzan a más del 60%. Además, la búsqueda de empleo para las personas trabajadoras con discapacidad es más prolongada en el tiempo y con menos expectativas que para los parados sin discapacidad.

El sindicato aseguró que la baja calidad en la contratación de los trabajadores con discapacidad no sólo se refleja en el tipo de contrato, sino también en las condiciones en que se desarrolla su tarea, y con los últimos datos publicados por el INE del año 2013 “podemos concluir que estas personas suelen ocupar los puestos de más baja cualificación, siendo su salario un 16,1% menor que el resto de la población trabajadora”.

“Es innegable que la inclusión laboral de las personas con discapacidad, después de todos los mecanismos regulados, como son las bonificaciones a la contratación, la cuota de reserva en el empleo público y en el privado, o los centros especiales de empleo, sigue sin lograrse”, añadió.

Desde UGT creen que “ha llegado el momento en el que sin más dilación se aborden las políticas sobre discapacidad de una forma más efectiva y eficiente que lo que se ha realizado hasta ahora y el Gobierno debe empezar a reflexionar si las políticas para lograr la integración desde todos los ámbitos, y especialmente en el laboral, cumplen su cometido”.

Por eso, reivindica la participación del sindicato en las políticas de empleo dirigidas a las personas con discapacidad y exige la derogación de la reforma laboral, que afecta especialmente a las personas con discapacidad al computar como faltas de asistencia al trabajo las ausencias por enfermedad pese a estar justificadas y que pueden constituir motivo de despido.

El sindicato calificó de “imprescindible” lograr la contratación de las personas con discapacidad a través de la igualdad de trato y de oportunidades, y por ello puso en valor el III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2015-2017 firmado recientemente, el cual establece medidas específicas que permiten desarrollar el mecanismo fundamental de la negociación colectiva.