Así consta en el programa electoral de la formación, presentado este domingo en Barcelona, y que contempla también enumerar a las 17 comunidades y las dos ciudades autónomas en el texto constitucional, para cerrarlo definitivamente, y en consecuencia suprimir la disposición transitoria cuarta que deja abierta la integración de Navarra en el País Vasco.

C's apuesta igualmente por enumerar las competencias que son exclusivas del Estado, impidiendo su delegación en las comunidades, y las que son legislativa o sólo ejecutivamente, de éstas últimas. La Constitución debería establecer las reglas de prevalencia, y en último caso la superioridad del Estado, para evitar conflictos competenciales.

Todas las demás competencias quedarían para las comunidades, pero el programa advierte de que "en todo caso, el Estado podrá legislar con eficacia jurídica plena y directa cuando sea necesario para garantizar las condiciones de vida equivalentes en todo el territorio nacional, el mantenimiento de la unidad jurídica y económica" o la igualdad básica de los españoles en todo el territorio nacional en relación a derechos y deberes".

El programa recoge también la ya conocida supresión del Senado y su sustitución por un Consejo de presidentes autonómicos, el "compromiso" de avanzar hacia una mayor uniformización fiscal sin excepciones territoriales, en referencia a los conciertos vasco y navarro, y, mientras éstos se suprimen, reivindica un "cálculo razonable" de cuál ha de ser el cupo.

Como ya anunciaron los dirigentes de la formación en su día, C's quiere una cartera de servicios básicos igual para todas las comunidades y sufragada por el Estado y el resto de servicios a cargo de cada comunidad "mediante el incremento de las cargas tributarias". El programa no baraja ni como posibilidad el establecimiento de copagos, como los que generaron una amplia controversia hace unas semanas y tras unas declaraciones del responsable económico, Luis Garicano.

C's confirma, por último, su deseo de fusionar la gestión de servicios en varios municipios cercanos, si éstos no cumplen el índice de sostenibilidad que fije el Gobiero central, y la subsiguiente supresión de las diputaciones provinciales, cuya única razón de ser era es precisamente la prestación de dichos servicios.