Así lo anunció la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo, donde anunció también la aprobación de la prórroga de los fondos de la octava edición del Plan PIVE, de incentivo a la compra de Vehículos Eficientes, hasta el 31 de julio de 2016.

Sáenz de Santamaría explicó que estas ayudas podrán utilizarse para la adquisición directa o a través de leasing o renting de vehículos nuevos o de seis meses de antigüedad si son eléctricos, que utilicen para su propulsión electricidad, gas licuado del petróleo, gas natural comprimido o licuado o pila de hidrógeno.

También se subvencionarán las instalaciones, los cableados y los dispositivos necesarios para la puesta en servicio de un sistema de recarga rápido o semirrápido de baterías de vehículos eléctricos en zonas de acceso público.

La vicepresidenta destacó que este plan tiene “el fin de fomentar la sostenibilidad, disminuir emisiones y diversificar las cuentas energéticas en el sector del transporte, reduciendo así la dependencia del petróleo”.

La cuantía de la ayuda se determinará en función de la categoría del vehículo, el tipo de combustible utilizado, de su masa máxima autorizada y de su autonomía en el caso de los exclusivamente eléctricos. La más baja, de 200 euros, será para bicicletas.

La percepción de estas ayudas obligará al achatarramiento de furgones, camiones, autobuses y autocares de antigüedad anterior a 2009. En el caso de turismos y furgonetas, se incentivará su achatarramiento con 750 euros, pero no será obligatorio.

PIVE 8

En cuanto al PIVE 8, la ‘número dos’ del Ejecutivo explicó que estará vigente hasta el 31 de julio de 2016 o hasta que se agote el remanente existente, de unos 100 millones de euros. Su convocatoria inicial era hasta el 31 de diciembre de este año.

Con esta medida, según Sáenz de Santamaría, se estima un ahorro de más de 100 millones de litros de combustibles al año reduciendo la importación de más de 635.000 barriles de petróleo anuales.

La octava edición del PIVE, que cuenta con una dotación de 225 millones de euros, supuso una reducción de 500 euros de la ayuda directa, hasta los 1.500 euros, salvo para familias numerosas y personas con discapacidad de movilidad reducida, cuyo incentivo se mantiene en 3.000 euros.

El objetivo de estos programas en su conjunto, una vez concluya la presente edición, es sustituir un total de 1.185.000 vehículos antiguos por las mismas unidades de vehículos nuevos. Esto supone unos ahorros anuales de 412 millones de litros de combustible, evitando la importación de 2.628.687 barriles de petróleo al año, y la reducción de la emisión de 850.000 toneladas de CO2 a la atmósfera.

A su vez, se mantiene la obligatoriedad de que el beneficiario tenga la titularidad del vehículo a achatarrar al menos durante el año anterior a la fecha de solicitud de la ayuda y de que cuente con la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) vigente a la entrada en vigor del real decreto.