El departamento dirigido por Cándido Conde-Pumpido realiza esta petición a través de un recurso de suplica presentado hoy por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín-Casallo, en el que se pide a la Sala de lo Penal que revoque la admisión a trámite de la querella presentada contra Garzón por el ex fiscal de la Audiencia Nacional y abogado del “caso Gürtel” Ignacio Peláez.

El escrito defiende la legalidad de las escuchas practicadas por Garzón. Para la Fiscalía, la intervención de las conversaciones mantenidas en prisión entre los principales acusados de la trama de corrupción y sus abogados fue una medida “objetivamente necesaria para la investigación de los hechos y proporcionada a la gravedad de éstos”.

El Ministerio Público afirma que las resoluciones del juez de la Audiencia Nacional “iban encaminadas especialmente a investigar el delito de blanqueo de capitales que, según sólidos indicios, los imputados seguían cometiendo desde el establecimiento penitenciario en el que se encontraban”.

ABOGADOS COOPERADORES

“La realidad demuestra que la participación de abogados y otros profesionales en los delitos de blanqueo no es un hecho insólito”, destaca la Fiscalía en un escrito en el que niega que la intención de Garzón fuese “descubrir las estrategias de defensa” de los acusados.

Los argumentos utilizados en el recurso del fiscal se oponen a lo sostenido por los magistrados de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, quienes aseguraron al admitir a trámite la querella el pasado viernes que existen “dudas que se proyectan, cuando menos, sobre la legalidad” de las resoluciones adoptadas por Garzón.

Los magistrados subrayaron en su auto que tanto la jurisprudencia del Tribunal Supremo como la del Tribunal Constitucional establecen las intervenciones sólo pueden ser acordadas en los casos de terrorismo, una circunstancia que no se cumplía en el caso de los imputado del “caso Gürtel”, acusados de delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental, cohecho, fraude fiscal, asociación ilícita y tráfico de influencias.

Esta es la primera vez en la historia que el Tribunal Supremo abre tres causas penales consecutivas contra un mismo juez. Garzón ya estaba siendo investigado en el Alto Tribunal por su investigación de los crímenes del franquismo y por las subvenciones que recibió del Banco Santander para impartir unos cursos en Nueva York.

Esta nueva causa, al igual que las dos anteriores, ha sido admitida a trámite en contra del criterio de la Fiscalía, que desde un primer momento pidió que se rechazara la querella al entender que los hechos no son constitutivos de delito.