Según el Ministerio, la víctima no había presentado denuncia previa y convivía con su marido, autor presuntamente del apuñalamiento.

Las mismas circunstancias (de convivencia y ausencia de denuncia) se repiten en seis de los siete casos de 2010, por lo que solo una de las mujeres asesinadas había recibido medidas de protección.

Del total de víctimas, cuatro tenían nacionalidad española y tres eran extranjeras, cifras que se repiten en el caso de los agresores. Además, dos eran menores de 30 años y otras cuatro tenían entre 30 y 50, mientras que la última fallecida tenía 59.