Causapié defendió la derogación porque la reforma local ya mereció recursos al TC y se hizo sin consenso, incluso con el rechazo de muchos alcaldes del PP. En su opinión, el Goierno utilizó la crisis como excusa para atacar a la administración más débil, y está en entredicho la financiación local.

En particular, denunció que la disposición transitoria segunda arrebata la gestión de servicios sociales a los ayuntamientos y los traspasa a las comunidades autónomas. Y, si el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, envió una carta recomendando no aplicar la ley a los poderes públicos, mejor derogarla.

El delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, dijo que no podía estar más de acuerdo con Causapié, calificó la ley de “puñalada en el corazón”, que acabó con la razón de ser de la administración más cercana al ciudadano.

El concejal se preguntó qué habría pasado si el Gobierno municipal hubiera hecho caso de la ley y, en vez de presupuestar 576 millones para servicios sociales, se hubiera confiado a que la Comunidad asumiera sus consecuencias, y concluyó que ésta adeuda a Madrid 171 millones, el 80% de ellos de cuando la actual portavoz municipal del PP, Esperanza Aguirre, era presidenta atunómica.

Desde Ciudadanos, Miguel Ángel Redondo pidió votación por puntos porque quería una modificación de la ley, no su derogación, y la suspensión de la disposición transitoria segunda, cosa que rechazó Causapié. Desde el PP, José Luis Martínez Almeida, recordó que esa disposición ya está suspendida de facto, y defendió el sentido de la ley para clarificar competencias y evitar duplicidades.