¿Cuáles son las propuestas de la Confederación Estatal de Personas Sordas de cara a las próximas elecciones?

Nuestras propuestas a los partidos políticos tienen como finalidad la inclusión de las necesidades del colectivo de personas sordas en la agenda política de la próxima legislatura. Estas demandas abarcan ámbitos variados como son la accesibilidad a la información y la comunicación en los servicios sociales y sanitarios, una educación inclusiva en lengua de signos, el acceso al empleo y la formación, la protección jurídica y promoción de las lenguas de signos españolas, la plena accesibilidad a la justicia y medidas de seguridad ciudadana, así como a la cultura, el ocio, el turismo y los medios de comunicación.

En estos meses previos a las elecciones generales, nos hemos ido reuniendo con los diversos partidos políticos que concurrirán en las mismas para exponerles de forma detallada nuestras propuestas y reivindicaciones.

¿Cuáles son los compromisos que consideráis prioritarios en lo que respecta a la accesibilidad a la información y la comunicación para las personas sordas?

Es imprescindible garantizar la gratuidad, universalización y calidad de los servicios de interpretación a la lengua de signos en los diversos ámbitos de la vida (educación, formación, empleo, sanidad, justicia, cultura, medios de comunicación, etc.), y que esto sea algo común en todo el Estado y no dependa del lugar de residencia de la persona sorda.

Igualmente, hemos pedido a las fuerzas políticas que apuesten también por la incorporación del servicio de videointerpretación a la lengua de signos SVisual en todos los centros, servicios y programas públicos o sostenidos con fondos públicos destinados a la atención de personas.

Otra de nuestras reivindicaciones tiene que ver con la exigencia de que la información transmitida a través de los medios audiovisuales incluya tanto un buen subtitulado como la debida traducción a la lengua de signos.

Además, consideramos necesario asegurar que las personas sordas puedan adquirir audífonos, mantener y renovar los implantes cocleares, así como acceder a aquellas ayudas técnicas que precisen sin que su situación económica y la de sus familias supongan un impedimento.

En España las personas mayores sordas no tienen acceso a los servicios de teleasistencia. ¿Tenéis alguna propuesta relacionada con este servicio?

Efectivamente. Esta es una de las principales conclusiones extraídas de la investigación que publicamos recientemente con el nombre ‘Hacia la autonomía y participación de las personas mayores sordas en España’. En este sentido, proponemos el desarrollo de medidas y programas que faciliten servicios de teleasistencia y acompañamiento específicamente diseñados para atender a las personas mayores sordas respetando su diversidad comunicativa. Se trata de una propuesta que tiene que ver con una necesidad acuciante de la población mayor sorda, y que tenemos muy estudiada, cuantificada económicamente y sabemos cómo debe implementarse.

En materia de educación, ¿qué propuestas garantizarán la plena inclusión y accesibilidad del alumnado sordo a las distintas etapas educativas?

Lo primero es que se garantice el acceso del alumnado y de los centros educativos a los recursos humanos y técnicos necesarios para garantizar una buena educación a las personas sordas. Es decir, suficiente dotación de maestros sordos y oyentes especializados en este colectivo, especialistas en lengua de signos, especialistas en audición y lenguaje, intérpretes, ayudas técnicas, etc. Y que esto se incluya en todos los tramos educativos, incluyendo la educación superior y universitaria, sin que haya desventajas por vivir en una comunidad autónoma u otra. Reivindicamos una educación verdaderamente inclusiva, que sume recursos y los ponga a disposición de las personas sordas y sus familias.

Otro tema relevante es el de garantizar el aprendizaje y la certificación tanto de las lenguas extranjeras como de nuestras lenguas cooficiales en las distintas etapas educativas, así como en las Escuelas Oficiales de Idiomas.

Apostamos por una normativa básica y específica, de carácter estatal, que ordene todo esto y que garantice el mismo acceso en cualquier lugar del Estado. De hecho, la Ley 27/2007 por la que se reconocen las lenguas de signos es propicia a esta reglamentación.

¿Qué política permitiría a la ciudadanía acercarse a la lengua de signos?

Hay tres ámbitos de actuación que consideramos fundamentales. El primero, la inclusión de la lengua de signos en los centros educativos y universidades como materia de estudio. Por otro lado, la inclusión de la lengua de signos en la televisión en la programación infantil, en las noticias, etc., y por último, facilitar el aprendizaje de la lengua de signos a todos los funcionarios públicos y al conjunto de la sociedad. Todo esto garantizaría una sociedad verdaderamente inclusiva con las personas sordas.

En el ámbito de formación y empleo ¿cuáles son las principales necesidades de las personas sordas?

Por un lado, hay que seguir impulsando y mejorando la accesibilidad de las personas sordas, a través de intérpretes de lengua de signos y de aquellas ayudas técnicas que precisen, tanto a los servicios públicos de empleo, como a la formación ocupacional y continua o a los procedimientos para la obtención de los certificados de cualificación profesional.

Por otro, es necesario precisar si realmente son adecuadas cierto tipo de limitaciones que actualmente se imponen a las personas sordas en el acceso, por ejemplo, al carné para conducir algunos vehículos o a determinados empleos, y que merman sus posibilidades de inserción laboral. Esto es algo que estamos analizando, comparando con la situación en otros países, y que queremos abordar en la próxima legislatura. Asimismo, consideramos necesario que se realicen adaptaciones en las pruebas a aquellos opositores sordos que tienen dificultades lectoescritoras debido a una mala praxis del sistema educativo.

¿Qué proponen desde la CNSE en caso de reforma de la Constitución?

En España, la historia de la comunidad lingüística usuaria de las lenguas de signos españolas (la lengua de signos española y la lengua de signos catalana), en la defensa de su derecho a usarlas y aprenderlas, ha sido bastante compleja. La CNSE no ha cejado en su empeño de poner de relieve la importancia que la adecuada protección de estos derechos lingüísticos supone para el ejercicio de su ciudadanía.

La defensa de cualquier lengua supone, además de su cuidado y buen uso y de garantizar su aprendizaje, conocimiento y uso, el mantenimiento de tradiciones y actitudes de identificación cultural que, en el caso del colectivo de personas sordas y sordociegas usuarias de la misma, ha servido para arraigar un fuerte sentimiento de comunidad. Las leyes y normativas que en nuestro país regulan las lenguas de signos fomentan su normalización y su uso, además de elevarlas jurídicamente reconociéndoles “oficialidad”. Ante la hipótesis sociopolítica que pudiera plantearse a partir de la próxima legislatura de cara a la modificación de la Constitución Española, la CNSE propone incluir el reconocimiento explícito de las lenguas de signos españolas en el artículo 3 referido a las lenguas. Es decir, que la lengua de signos española y la catalana tengan el mismo estatus y nivel de reconocimiento que el resto de las lenguas del Estado, algo que ya ocurre en algunos países de nuestro entorno.

En materia económica, ¿qué medidas plantean desde la CNSE para el mantenimiento y ejecución de los programas de inclusión de las entidades del colectivo?

Las mismas que plantea la Plataforma del Tercer Sector. Necesitamos un compromiso firme de todas las fuerzas políticas con la recientemente aprobada Ley del Tercer Sector de Acción Social, de manera que se cree un marco estable de apoyos y ayudas a estas entidades y se tenga en cuenta a éste como espacio de participación ciudadana y como interlocutor social.

¿Alguna otra propuesta a destacar?

Aprovecho la ocasión para recordar a los partidos políticos que las acciones que se generen o difundan durante sus campañas electorales, ya se trate de actos públicos, debates televisados o contenidos audiovisuales, sean accesibles incorporando interpretación a la lengua de signos y subtitulado.