En declaraciones a los periodistas antes de intervenir en unas jornadas organizadas por el IESE y EY sobre fondos europeos, el ministro explicó que las “consecuencias” de esa investigación se trasladarán a la oficina estadística europea Eurostat y se analizarán también en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.

Montoro recordó que el afloramiento de estos más de 1.300 millones es una de las “circunstancias excepcionales” que han llevado a articular un condicionalidad especial para que Cataluña pueda recibir más financiación del Estado.

“Estamos hablando de una anotación en materia contable que no tiene por qué haberse producido”, dijo el ministro, quien añadió que corresponden a contratos de participación público-privado de hace más de una década.

El responsable de Hacienda se refirió también al Acuerdo de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos que establece una condicionalidad adicional para que Cataluña pueda acceder a los 3.034,84 millones de euros del remanente del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) asignados por el Ejecutivo.

Montoro dijo que hay que “exigirle a la Generalitat que cumpla cuando antes para que podamos hacer el desembolso y los proveedores no tengan que sufrir más aplazamientos que deriven de posiciones políticas que hoy no tienen ningún sentido”.

En este sentido, reclamó que las autoridades de la región “se sujeten sin mayores inconvenientes” a estas condiciones, para agregar que “lo que tienen que hacer es distraer menos a atención y gestionar los recursos”.

“Que cumpla cuanto antes y se podrá abonar cuanto antes; se trata de mayor transparencia en su gestión pública”, indicó el ministro, quien defendió que “a todos les conviene tener identificado en qué se gasta el presupuesto disponible”.

El primero de los requisitos que recoge el acuerdo es que el interventor general de la comunidad catalana debe enviar en el plazo de diez días hábiles desde la publicación del acuerdo, es decir, antes del próximo 3 de diciembre, un certificado en el que recoja toda la información económico-financiera relativa a los recursos comprometidos para los ejercicios 2015 y 2016 a fecha del pasado 31 de octubre.

Tras el informe, señaló Montoro, “iremos facilitando esos recursos”. Preguntado por el hecho de que pueda coincidir con el inicio de la campaña electoral, subrayó que “aparte de que haya campañas electorales hay que seguir gestionando y pagando facturas”.

Respecto al papel del interventor y las consecuencias que podría sufrir en función de su actuación, indicó que todo funcionario está “sujeto al principio de legalidad”. Además, recordó que se da “amparo a los funcionarios públicos para cumplir estas condiciones y la legalidad en general”.