El número de beneficiarios potenciales del citado bono asciende a 5 millones, de los cerca de 25,5 millones que hay en el sistema eléctrico español.

Un mes después de su entrada en vigor, 2,77 millones de usuarios ya se habían acogido a esta la tarifa establecida por el Gobierno para proteger con un precio más reducido a los clientes con menores consumos, pensionistas, familias numerosas y parados.

En septiembre, según la información de la CNE, la cifra se incrementó hasta 2,83 millones (+2% frente al mes anterior), para llegar a los 3,01 millones al cierre de octubre (+6%), lo que supone aproximadamente un 60% de los beneficiarios potenciales de la medida y un 11,2% de los consumidores con derecho a acogerse a las Tarifas de Último Recurso (TUR).

El 90% de los consumidores acogidos al bono social lo estaban cómo consecuencia de tener una potencia contratada en su primera vivienda inferior a 3 kilovatios (kW), el 7,29% al ser pensionistas, el 1,27% por ser familias numerosas y el 0,20% al estar desempleados.

El descuento en la facturación media resultado de aplicar las condiciones de facturación del bono social sobre el precio resultado de aplicar las condiciones de facturación de las TUR fue en octubre de 2009 de un 7,8%.

Por otro lado, durante el mes de octubre de 2009 el 90,7% de los consumidores con derecho a acogerse a las Tarifas de Último Recurso, que representan el 86,8% de la energía consumida en dicho mes, fueron abastecidos por una comercializadora de último recurso (es decir, no negociaron una oferta distinta en el mercado libralizado).