Según informó la Policía, en el marco de esta operación se ha detenido a 36 personas y se ha imputado a otras 271 por el delito de favorecimiento de la inmigración clandestina. En el marco de la investigación se han detectado 70 bodas fraudulentas.

Las personas que solicitaban una boda para conseguir los papeles pagaban a la trama delictiva entre 5.000 y 8.000 euros, ya que con estas uniones concertadas lograban el permiso de residencia.

A su vez, los europeos que accedían a casarse recibían entre 3.000 y 4.000 euros. Los habitantes del país alauita que solicitaban este servicio procedían de países como Francia, Alemania, Holanda e Italia, de forma que luego volvían a estos lugares con sus familias.

Las investigaciones se iniciaron a finales de mayo de 2013, cuando se tuvo conocimiento de que en la localidad valenciana de Meliana se podrían estar presentando solicitudes por parte de ciudadanos marroquíes para contraer matrimonio con ciudadanos europeos.

PRIMERAS PISTAS

Además, días antes de comenzar el proceso, uno de ellos se empadronó de manera fraudulenta en un domicilio de la citada localidad. Los policías examinaron dos expedientes de solicitud de matrimonio entre marroquíes y españolas y observaron a primera vista varias irregularidades y falsedades.

Tras una evaluación más exhaustiva de los investigados, los agentes determinaron que todos los documentos emitidos que acompañaban las solicitudes matrimoniales eran falsos. Los policías comprobaron que en la mayoría de los que habían sido traducidos al español la firma del traductor aparecía escaneada, siendo utilizada sin la preceptiva autorización.

Los investigadores averiguaron que los ciudadanos europeos accedían a casarse con los nacionales de Marruecos a cambio de una cantidad económica que oscilaba entre los 3.000 y los 4.000 euros.

LEGALIZABAN A SUS FAMILIAS

Una vez que habían obtenido el permiso de residencia y regularizaban su situación en territorio Schengen, los ciudadanos marroquíes regresaban a países como Francia, Alemania, Holanda e Italia, donde residían y les esperaban sus familias, que a su vez se convertían también en familiares de ciudadano europeo, con lo que legalizaban su situación irregular.

Además, las personas encargadas de cobrar a los extranjeros eran las mismas que pagaban a los contrayentes. Les facilitaban falsos testigos para la tramitación de los expedientes matrimoniales y la celebración de los enlaces.

Si el contrayente no hablaba español, estos se hacían pasar por él en la celebración ante el Juzgado de Paz correspondiente. También les proporcionaban un domicilio en la localidad en la que fuese a celebrarse el matrimonio, mayoritariamente en Meliana, donde se empadronaban de manera fraudulenta previo pago de entre 100 y 300 euros a los organizadores.