Garzón presentó este lunes sus propuestas en esta materia, en un acto en el que intervinieron también el responsable de Educación de la coalición, Enrique Díez; así como profesores y alumnos que sintetizaron las medidas. El punto de partida es el compromiso de consensuar una nueva Ley de Educación e incluir en la Constitución el suelo de financiación pública.

Propone establecer un periodo obligatorio de escolarización, con al menos 12 años para la básica común, de los 4 a los 16, y un tramo posterior hasta los 18 con diversas vías formativas. La gratuidad de la enseñanza básica incluiría la dotación a los centros públicos de libros y recursos materiales didácticos de uso libre para alumnos y profesores, fomentando el material desarrollando por docentes para contribuir a la eliminación de los libros de texto.

Las administraciones establecerían un sistema integral de becas y ayudas al estudio, así como la gratuidad de los servicios de comedor y transporte escolar. Se reduciría la ratio de alumnado por grupo tomando como referencia las indicaciones de la Red Europea y el criterio de 20 estudiantes por aula como máximo en Primaria y Secundaria y reduciéndolo en caso de presencia de alumnos con necesidades especiales.

EDUCACIÓN "SIN DOGMAS"

Siguiendo otras propuestas de la coalición, se garantizaría una educación laica “que respete la libertad de conciencia, eduque sin dogmas y elimine toda forma de adoctrinamiento del currículo escolar”, lo cual implicaría, entre otras cosas, que el calendario escolar no se sometería al litúrgico, sino a una distribución más equilibrada entre tiempo lectivo y descansos.

Propone garantizar una red planificada y suficiente de centros de titularidad y gestión pública que atienda toda la demanda educativa desde los cero años en las diferentes etapas y modalidades y que cuente con todos los recursos necesarios. Los conciertos educativos se suprimirían progresivamente hasta su completa desaparición mediante la integración voluntaria y negociada de esos centros en la red pública e incorporando a los privados que ocupen suelo público.

El suelo público se destinaría solo a centros públicos, se potenciaría la enseñanza pública en el medio rural y se crearía una red pública suficiente de centros integrados de FP teniendo en cuenta la rentabilidad social de los programas y no solo el interés inmediato de las empresas. También se garantizaría una red de centros públicos de educación de personas adultas suficiente y diversificada hasta cubrir la totalidad de la demanda, incluyendo la enseñanza de españoles para inmigrantes y una amplia red de escuelas oficiales de idiomas.

La coalición alerta de la necesidad de asegurar la atención a la diversidad del alumnado, entendiéndola como valor y motor de la educación, impulsando y apoyando cambios curriculares, metodológicos y organizativos, con programas específicos, planes de acogida para los alumnos nuevos, atención tutorial, extendiendo los programas de refuerzo, orientación y apoyo y aprobando un plan marco para la convivencia escolar.

Habría un currículo mínimo para cada etapa, asegurando una presencia equilibrada de contenidos científicos, humanísticos y artísticos, con amplio margen para su adaptación y desarrollo en los centros escolares, buscando una formación integral y con metodologías didácticas para aprender cooperando. La coalición propone también un compromiso de protección y normalización de la lengua oficial de cada territorio y de enfoque intercultural e inclusivo de los currículos, así como de perspectiva de género y respeto a la diversidad afectivo-sexual.

FORMACIÓN DE PROFESORADO

Las administraciones facilitarían disponer de conexión a Internet en las aulas y recursos tecnológicos actualizados. Izquierda Unida propone también medidas sobre la formación del profesorado y acceso a la función pública docente. Las condiciones laborales incluirían incentivos en función de las actividades desarrolladas y con reconocimiento, respeto y apoyo a su labor, aportando estabilidad y reconociendo la experiencia de los interinos.

La coalición propone también medidas para asegurar la autonomía de los centros educativos y su funcionamiento democrático y participativo, así como su apertura fuera del horario lectivo para ofrecer servicios y actividades a la comunidad.

Para una universidad pública y de calidad, la coalición quiere revisar el sistema de titulaciones de Bolonia, mantiene su oposición a la modificación de grados y másteres, y pide ofrecer plazas de acuerdo con las necesidades sociales y no solo en función de las demandas del mercado.

Propone la gratuidad de los estudios universitarios y el acceso libre y gratuito a la educación superior sin pruebas de acceso, con un sistema generalizado de becas-salario. Las medidas se refieren también a la autonomía de las universidades, a la representación democrática de todos sus sectores en sus órganos de gobierno y al fomento de la investigación.

Al menos el 3% del PIB se destinaría a financiar las universidades públicas, dice Izquierda Unida, con criterios formativos, científicos y de utilidad social, impidiendo que la inversión privada determine su actividad y eliminando la financiación de las privadas con fondos públicos.

I+D+I

El Plan Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica integraría todas las competencias en esas materias y tendría una financiación plurianual del 0,25% del PIB en la presente legislatura y un aumento del 50% del personal dedicado a I+D. Las becas de investigación se convertirían en contratos laborales de cuatro años, se derogaría el Estatuto del Becario, se aprobaría el Estatuto de Personal de Investigación del sector público y se crearía un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

La coalición propone medidas para reducir la precariedad laboral de ese colectivo, orientar los recursos de I+D a aplicaciones civiles y aprobar una Ley de Objeción Científica para cubrir a quienes no quieren trabajar en programas de Defensa, todo ello salvaguardando la investigación como servicio público y garantizando el carácter público de las investigaciones financiadas con fondos públicos.

Además, plantea medidas para desarrollar tecnologías respetuosas con el medio ambiente, fomentar la investigación biosanitaria con criterios de interés general evitando la influencia determinante de la industria farmacéutica y financiar métodos alternativos que promuevan el desarrollo sostenible compatible con el decrecimiento en el consumo de recursos naturales.