Esta fue principal conclusión de la jornada “¿Es posible (y deseable) una Ley estatal de Garantía de Derechos y Servicios Sociales?”, organizada por el Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad (Cermi) y la Fundación ONCE.

Sin embargo, todos los participantes también coincidieron al destacar la falta de financiación para dotar de partidas presupuestarias y lograr el desarrollo de esta ley. En este sentido, el director de Relaciones Sociales e Internacionales y Planes Estratégicos de la Fundación ONCE, Miguel Ángel Cabra de Luna, manifestó el deseo de desarrollar esta ley, al mismo tiempo que calificó la crisis como “un mal escenario” para su planteamiento.

Respecto al planteamiento de si existe un fundamento constitucional para esta ley, el abogado y catedrático de Derecho Administrativo, Santiago Muñoz Machado, consideró que, bajo su punto de vista, “sí es posible ya una regulación unitaria”.

Según el catedrático, “la Constitución contiene las bases para la formulación de leyes universales y uniformes de derechos y servicios sociales”, al mismo tiempo que manifestó la importancia de superar la diferenciación que se ha marcado siempre entre los derechos fundamentales y los derechos sociales y económicos.

PARTIDOS Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Los diputados de PSOE y PP, José Vicente Muñoz e Inmaculada Guaita, coincidieron en “la importancia de una ley estatal que garantice los derechos y servicios sociales, sobre todo, por las necesidades que tienen en este sentido las personas en riesgo de exclusión". Mientras, el diputado de CiU, Carles Campuzano, considera que existe “una gran debilidad” en el desarrollo de los servicios sociales en España "debido a una mala financiación".

Las personas que intervinieron en nombre de las comunidades autónomas señalaron que a pesar de haber competencias concretas por comunidades, “necesitan una ley estatal que garantice los derechos y servicios sociales, sobre todo, con una buena financiación y contando con la participación de los propios ciudadanos".

Previamente, en el acto inaugural, el director general adjunto de Servicios Sociales para Afiliados de la ONCE, Xavier Grau, consideró esta posible ley como “el reflejo de una sociedad moderna y progresista”. Por su parte, el presidente de la plataforma de ONG de Acción Social, Juan Lara, afirmó que nuestro país ha avanzado mucho en estas garantías pero “es necesario dotarnos de un marco que garantice su cumplimiento en España”.