Garzón presentó junto al presidente de Europa Laica, Francisco Delgado, sus propuestas concretas para conseguir ese objetivo, que incluyen una reforma de la Constitución, la supresión de la financiación pública y la anulación de los acuerdos con el Vaticano.

Lo hizo en la explanada frente a la catedral de La Almudena, en Madrid, un lugar "muy visitado" por cargos públicos en el ejercicio de actos oficiales, lo cual es "representativo" de lo que Izquierda Unida quiere cambiar para superar las "fallas" que quedaron pendientes cuando se redactó la Constitución.

Cree que después del tiempo transcurrido desde entonces la sociedad española es "madura" para acometer esos cambios, acordes con lo que debe ser una sociedad "moderna".

Garzón propone modificar el artículo 16 de la Constitución para dejar claro que el Estado “es laico” y “ninguna convicción particular, ideología o confesión religiosa tendrá carácter estatal”. También sugiere cambiar el artículo 27 para plasmar la laicidad en la Educación y, por tanto, excluir la religión de los currículos y no subvencionar centros educativos "con ideario propio, ya sea de carácter religioso o de otra naturaleza ideológica particular”.

ELIMINACIÓN DE PRIVILEGIOS

Garzón explicó que su apuesta es por la educación pública, por lo que defiende una transición progresiva para acabar con centros concertados en los que hay financiación pública pero la gestión es privada. El dinero público, asegura, debe destinarse a la educación pública.

Propone denunciar y anular el Concordato de 1953 y los Acuerdos de España con el Vaticano de 1976 y 1979, además de los firmados con otras confesiones religiosas.

La actual Ley de Libertad Religiosa de 1980 sería sustituida por una nueva Ley de Libertad de Conciencia que proteja y garantice la libertad de pensamiento, conciencia y convicciones, y su práctica sin distinciones ni privilegios. También se eliminarían de la Ley de Mecenazgo y demás normas “los enormes privilegios fiscales de la Iglesia Católica y de cualquier otra confesión religiosa” y que suponen la exención total o parcial en los diferentes impuestos.

Además, se compromete a declarar por vía legislativa como actos nulos todas las propiedades rústicas y urbanas registradas por la Iglesia Católica restituyéndolas a su anterior situación catastral, previo listado de todo lo inmatriculado desde 1946 hasta la modificación de la Ley Hipotecaria.

Todas las confesiones religiosas quedarían sujetas al derecho común como asociaciones y se derogarían los artículos 522 a 525 del Código Penal que tipifican como delito la ofensa a los sentimientos religiosos, así como los del Código Civil que dan validez civil a los matrimonios y nulidades matrimoniales religiosas.

En cuanto a “cuestiones simbólicas”, Garzón propone que ninguna autoridad pública o funcionario pueda participar en calidad de tal en actos de carácter confesional, eliminar cualquier tipo de simbología religiosa en los actos oficiales y suprimir todo tipo de honores a imágenes, advocaciones, santos o símbolos religiosos, quedando sin efecto los realizados hasta ahora. Además, se suprimiría la celebración de ceremonias religiosas en actos oficiales organizados por el Estado y toda presencia oficial de las Fuerzas Armadas o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en esos actos.

Se eliminarían las capillas de cualquier lugar público dependiente de la Administración, así como la figura de los “capellanes funcionarios”, católicos o de cualquier otra confesión. Los medios de comunicación de titularidad pública dejarían de emitir cultos o ritos religiosos.

DESAMORTIZACIÓN

En el bloque de medidas económicas y fiscales, se eliminaría la financiación estatal a las confesiones religiosas, también a través de la casilla del IRPF, así como las aportaciones patrimoniales.

IU establece la obligación del Estado en todos sus niveles de velar por el mantenimiento y registro del patrimonio histórico artístico en poder de las confesiones y considera que “debe buscar fórmulas de desamortización paulatina y para uso público del patrimonio de la Iglesia católica por el interés general y/o cuando éste participa en su mantenimiento y restauración”.

Quedaría garantizado jurídicamente el ejercicio del derecho de apostasía y habría que garantizar que, en el caso de ritos practicados a niños por voluntad de sus progenitores, como el bautismo, se dan facilidades para su anulación con posterioridad. En ese mismo bloque está la propuesta para que los cementerios sean civiles y los familiares de los difuntos puedan celebrar las ceremonias que les parezcan pertinentes, con el deber de los ayuntamientos de procurar espacios específicos para "enterramientos de religiones organizadas minoritarias, si lo solicitan".