En nota de prensa, el secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, afirma que esta decisión supone “un golpe de mano institucional para reformar la reforma y someter el derecho laboral y la jurisdicción social a los intereses de los ‘lobbies’ y los despachos privados”.

De hecho, el dirigente sindical sostiene que esta decisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, supone la “privatización” del método para diseñar los cambios normativos en materia de despidos, “ignorando el debate público y la concertación social”.

Además, asevera que el papel de los despachos de abogados privados no es sólo “ajeno, sino que es hostil con los derechos de los trabajadores”.

Por esta razón, defiende que, si se confirma la creación de esta comisión, el Gobierno “habría dado, en la recta final de su mandato, un paso irreversible hacia la quiebra del dialogo social en un asunto de especial trascendencia”.