En un auto del que ha sido ponente el magistrado Luciano Varela, la Sala II señala que la intervención de los empleados de cada oficina bancaria que colocaron el producto “tiene un carácter fraccionario enmarcado en un comportamiento más amplio de la entidad, que debe valorarse desde antes de la relación directa con el cliente, a partir del diseño mismo del producto, cuya venta se pretende calificar de estafa”.

Siguiendo ese criterio, el Supremo resuelve una cuestión de competencia negativa planteada entre un juzgado de Majadahonda (Madrid) y el Juzgado Central de Instrucción número cuatro de la Audiencia Nacional, que lleva el ‘caso Bankia’, en relación a la denuncia por delito de estafa “contra los administradores responsables de Bankia” presentada por dos particulares que compraron 48.000 euros en participaciones preferentes de Bankia en una oficina de Majadahonda y se consideraron engañados.

El Supremo establece que la competencia es del Juzgado Central número cuatro de la Audiencia Nacional, a cargo del magistrado Fernando Andreu, argumentando que, sin adelantar la calificación de las eventuales responsabilidades penales derivadas para los administradores últimos responsables en el banco ni tampoco para los empleados o dependientes de la sucursal, “la inescindibilidad del componente histórico , presupuesto fáctico del delito imputado, impide su sometimiento a procedimientos separados”.

En el caso concreto analizado, el Supremo destaca que la denuncia no se circunscribe a los consejos recibidos de los dependientes de la oficina concreta, “sino a la naturaleza misma del producto bancario”, de cuya existencia supieron las dos denunciantes por una carta remitida por Bankia que está unida en la denuncia y que no tiene firma.

El juez de Majadahonda consideró que no era competente para instruir la denuncia porque las denunciantes iban contra los administradores responsables de Bankia y que contra dichos responsables está incoada causa en el Juzgado Central de Instrucción número cuatro.

La Fiscalía emitió informe considerando que la competencia debía ser del Juzgado de Majadahonda por haber sido allí donde se produjeron los hechos denunciados.