Según indicó el partido morado, se trata de un proceso de participación “histórico” en la elaboración de las propuestas programática de Podemos, que dirige la secretaria de Programa de esta formación, Carolina Bescansa, que irá de número dos por Madrid en los comicios de diciembre. La Secretaría de Programa y Proceso Constituyente, liderada hasta abril por Juan Carlos Monedero, asume la tarea del programa, que tendrá una versión electrónica y otra edición en papel y se publicará en la segunda quincena de noviembre. El programa se traducirá, además, a las lenguas cooficiales del Estado, al inglés y estará apto para personas con discapacidad.

Son una batería de propuestas, avaladas por las áreas de trabajo de Podemos, “para poner las instituciones al servicio de la gente y que han sido desarrolladas con la participación de expertos, asociaciones, actores de la sociedad civil, círculos de Podemos y miles de ciudadanos que han volcado sus propuestas, ideas y mejoras en Plaza Podemos”, la plataforma ‘online’ en la que el partido ha desarrollado siempre sus procesos participativos.

De las propuestas que ya forman parte del programa de Podemos, la más votada (con 13.429 votos) ha sido la que determina que “los programas han de ser entendidos como contratos con la ciudadanía”, es decir, establecer unos compromisos mínimos contractuales y, en caso de incumplimiento, obligar a una nueva convocatoria de elecciones.

Esto quiere decir que a los dos años de mandato se pondrá en marcha en el Congreso de los Diputados una Comisión no permanente, en la que se analizará el grado de cumplimiento del programa electoral por parte de Podemos. La actividad de esa comisión durará un máximo de seis meses y sus trabajos se elevarán al Pleno de la Cámara Baja.

De producirse un incumplimiento sustancial y manifiesto del programa, se podrá poner en marcha un proceso revocatorio. Para ello, la iniciativa debe contar con el respaldo de 158 diputados y las firmas debidamente auditadas del 15% del censo electoral estatal. Una vez cumplimentados ambos requisitos se llevará a cabo un referéndum en el que se preguntará a la ciudadanía si deben celebrarse nuevas elecciones por incumplimiento de programa. Si el resultado del referéndum es sí, el presidente del Gobierno convocará elecciones en un plazo máximo de 30 días.

SALARIO MÍNIMO A 800 EUROS

Entre las propuestas más votadas se encuentran, además, el incrementar gradualmente el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta alcanzar los 800 euros al mes en 14 pagas al final de los primeros dos años de legislatura, y asegurar después la convergencia con el 60% del salario medio como establece la Carta Social Europea, asegurando que al final de la legislatura dicho salario se sitúe al menos en 950 euros al mes.

Otra de las iniciativas más apoyadas pasa por acabar con los privilegios de los cargos electos, tanto aquellos de los que gozan durante el ejercicio de sus funciones como respecto de los que les son atribuidos una vez que han concluido sus mandatos. Eso incluye rebajar las retribuciones de los miembros electos de las Cortes Generales para que no sean superiores a las de los Cuerpos de Funcionarios del Estado, y revisar los complementos económicos, como los gastos de representación o de libre disposición.

BANCA Y DEUDA PÚBLICA

Los inscritos en Podemos votaron también de manera mayoritaria promover la separación plena entre la banca minorista y banca de inversión, que se haga en la línea del “Informe Vickers” -aprobado recientemente en el Reino Unido-, o la 'Volker Rule' de Estados Unidos, ya que, según Podemos, evitaría situaciones de riesgo moral en las que las actividades especulativas vinculadas a la banca de inversión puedan amenazar la solvencia de los depósitos minoristas. Esta medida también incluye realizar una auditoría independiente de todas las entidades financieras que han recibido ayudas públicas para determinar las que debe asumir el sistema bancario privado.

En la misma línea, los ciudadanos abogan por una reestructuración de la deuda pública vinculada a las ayudas públicas al sector financiero, y la puesta en marcha de un plan integral de lucha contra el fraude, que garantice la autonomía de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y que el nombramiento del Director General de la Agencia Tributaria sea por el Parlamento.

Los más de 15.000 inscritos apostaron por poner en marcha una reforma fiscal progresiva y una lucha contra el fraude fiscal, con el fin de elevar a lo largo de los cuatro años el porcentaje de ingresos sobre el PIB, al menos entre 30.000 y 40.000 millones de euros, acortando la diferencia con la media europea.

DERECHO A DECIDIR

El 86,11% de los inscritos en Podemos votaron por la apertura de una amplio debate ciudadano sobre el reconocimiento y las formas de ejercicio del derecho a decidir en el marco del debate sobre el cambio constitucional y la deriva secesionista catalana.

Esta medida incluye el reconocimiento constitucional de la naturaleza plurinacional de España y el derecho de los gobiernos autonómicos a celebrar consultas a la ciudadanía sobre el encaje territorial del país. Además, recoge la materialización de un proceso de cambio constitucional orientando a resolver, entre otros, los problemas de estructuración territorial del Estado.

Por otro lado, los inscritos piden transformar el Senado en una Cámara de representación de derechos e intereses territoriales, así como eliminar una gran parte de las retribuciones de senadores.

REFORMA DE PENSIONES

Otras de las iniciativas más demandadas pasan por derogar la reforma de las pensiones que aprobó el PSOE en 2010, restableciendo la edad de jubilación en los 65 años, y derogar la reforma de las pensiones que aprobó el PP en 2014, recuperando la indexación de las pensiones al IPC, de forma que se garantice al pensionista cuál será la capacidad adquisitiva de su pensión a lo largo de todo su ciclo como pensionista. Se derogará, para ello, la Ley 23/2013 reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de Revalorización del Sistema de pensiones.

Solicitan también la derogación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana, estableciendo una nueva legislación de seguridad ciudadana que facilite el libre ejercicio de los derechos fundamentales de expresión, reunión y manifestación, eliminando las sanciones administrativas, sin más restricción que los actos ilícitos que por su gravedad hayan de ser objeto de sanción en los supuestos sancionados por el Código Penal.

Por último, otra de las propuestas más votadas apunta la propuesta de Ley Orgánica de protección al derecho a la inviolabilidad del domicilio y prohibición de los desalojos sin alternativa habitacional. Esta medida propone el fin de los desalojos forzosos sin alternativa habitacional y que en ningún caso se pueda realizar el desahucio de personas en situación de vulnerabilidad sin que la administración competente garantice un realojo adecuado.