En esta pieza del 'caso Gürtel' se han investigado unos hechos muy concretos y centrados en la adjudicación a empresas de Correa y Crespo de la organización de eventos para el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz) en la feria Fitur de 2004.

Fueron tres contratos para el montaje del stand, para un espectáculo ecuestre que se celebraría en la Plaza Mayor de Madrid y un espectáculo flamenco en los jardines de Cecilio Rodríguez del Parque del Retiro de la capital; una contratación directa a tres empresas, sin más trámite, por importe de 355.391 euros.

El auto del juez De la mata relata cómo las empresas de Correa iniciaron la ejecución de todos los servicios necesarios. Lo hicieron antes de su adjudicación formal por parte del Instituto de Promoción y Desarrollo de la ciudad de Jerez(IPDC), un órgano que no era el competente para ello.

Y según explica el magistrado, los contratos y demás documentos administrativos fueron elaborados una vez finalizada la feria Fitur 2004. Los contratos se lanzaron sin concurso público y en algunos casos como contratos menores y sin publicidad.

El juez individualiza las conductas de los imputados, entre otros el entonces secretario del Ayuntamiento de Jerez y las dos interventoras del mismo a quienes les imputa suscribir distintos documentos administrativos para dar apariencia de legalidad a toda la actuación investigada; unos expedientes administrativos en los que se incurrió, según De la Mata, en groseras ilegalidades.

Las empresas adjudicatarias elaboraron los presupuestos de los tres contratos y presentaron sus ofertas con posterioridad a la celebración de Fitur 2004 y por tanto con posterioridad a la propia prestación de sus servicios, con lo que se demuestra que los expedientes administrativos "se construyeron" en realidad en febrero de 2004 y que "todas las fechas consignadas en todos los documentos obrantes en los mismos son falsas".

Los hechos relatados encajan según el juez en un delito de prevaricación continuada, en tanto que se produjeron actos actos administrativos decisorios, "objetivamente arbitrarios, todos ellos esenciales, que ampararon una situación en la que se prescindió total y completamente del procedimiento establecido por ley".

Un delito que en sentido estricto se imputa a las personas indicadas en la definición legal pero que también se puede atribuir como cooperador necesario a quien con sus actos realiza aportes sin los cuales los hechos no se hubieran podido cometer.

A partir de ahora las acusaciones disponen de diez días de plazo para solicitar la apertura de juicio oral o en su caso sobreseimiento de la causa. Respecto a la exalcaldesa María José García Pelayo, la causa está en el Tribunal Supremo, al declararse competente la Sala Segunda el pasado 9 de septiembre.