La iniciativa tendrá un seguimiento “masivo”, según aseguraron este jueves las portavoces de las organizaciones convocantes durante la presentación de la iniciativa en Madrid. En la marcha también pedirán normas que logren aumentar la protección de las mujeres y los menores que sufren esta situación y que la sociedad asuma el problema como algo “común”.

La manifestación, abierta a toda la ciudadanía y a la sociedad civil, partirá desde el Ministerio de Sanidad (Paseo del Prado) a las 12.00 horas y concluirá en la Plaza de España. Una víctima de violencia de género leerá el manifiesto elaborado para la ocasión. Se trata de Ángela González Carreño, víctima de esta lacra y cuya hija fue asesinada durante el régimen de visitas.

Según los datos que maneja las entidades convocantes, está prevista la asistencia de 380 organizaciones feministas y 70 entidades estatales, además de representantes organizaciones internacionales, especialmente de Europa, Latinoamérica y el Caribe. También tienen el apoyo de varios sindicatos y partidos.

Asimismo, subrayaron que llegarán a Madrid 268 autocares desde distintos puntos de España, a los que se suman los vuelos en los que llegarán a la capital feministas de Baleares y Canarias. Algunos de los transportes cuentan con bonos solidarios o precios especiales para que pueda acudir quien lo desee. También Renfe aplica un 30% de descuento a las mujeres que participen en esta marcha.

Además de Madrid, otras ciudades se movilizarán por la causa, como Bilbao, Barcelona Oviedo y Granada y 104 ayuntamientos de toda España han firmado mociones en apoyo y diversos monumentos emblemáticos se iluminarán de morado en señal de respaldo a la lucha contra la violencia machista, entre ellos la fuente de la Cibeles de Madrid, la Alhambra de Granada y la Torre de Hércules de La Coruña.

AMPLIAR LA LEY

En palabras de Elena Lebrato, una de las portavoces, es necesario ampliar la ley de violencia de género de 2004, pues, aunque supuso “un hito”, “están sin cubrir otras violencias muy importantes”. Aunque el 54% de los asesinatos de mujeres se dan en el ámbito de la pareja, el colectivo pide incluir en la definición las agresiones sexuales, el acoso en el trabajo y la trata con fines de explotación sexual y laboral de mujeres y niñas.

Asimismo, piden que la prevención “sea una política prioritaria”, que incluya un sistema “coeducativo” en todos los ciclos, la formación específica para todo el personal profesional que interviene en los procesos, y la implicación de los medios de comunicación, a la producción cultural y a la sociedad civil.

Ante la proximidad de las elecciones, Noelia Landete reconoció que “los partidos políticos necesitan muchas fotos”, por lo que el movimiento feminista no quiere que esta manifestación y la organización “sea una foto más”. “Las políticas de igualdad y contra la violencia de género tienen un calificativo, un suspenso”, aseveró.

Aunque el Gobierno ha iniciado diversas reformas legislativas en el campo de la igualdad, las feministas denuncian que “se ha reducido un 26 por ciento el presupuesto de la delegación contra la violencia machista” y que tampoco se aplica el Convenio de Estambul, que también pide ampliar la definición de estas violencias e incluir la mutilación genital y los matrimonios forzados.

Según el manifiesto acordado por las organizaciones convocantes, “las violencias machistas suponen la manifestación más violenta de la desigualdad de género y suponen la más grave violación de los derechos humanos de las mujeres que padece nuestra sociedad”.

Recuerdan que desde 1995 han sido asesinadas 1.392 mujeres por esta causa e indican que se han contabilizado 84 asesinatos de mujeres cometidos por hombres. Recalcan que sólo en el verano han sido asesinadas 37 mujeres y ocho menores a manos de sus parejas, padres o parejas de sus madres.

Las organizaciones convocantes consideran que estas cifras son “la punta del iceberg” y que las mujeres han sido las grandes perjudicadas de los “recortes sistemáticos” que se han producido en los últimos años en los recursos públicos, en los derechos sexuales y reproductivos, en el aborto de las menores de 16 y 17 años y en los recursos especializados contra la violencia.