Según indicaron hoy los colegios y el sindicato en un comunicado, en la misiva informan a las autonomías “del grave problema asistencial que generará, una vez entre en vigor, el real decreto de prescripción enfermera aprobado por el Gobierno del PP” y que a ellos corresponderá resolver.

Se trata, dicen, de “una norma que impedirá el normal funcionamiento de la atención sanitaria en sus comunidades autónomas”, ya que los enfermeros podrán dejar de realizar actuaciones relativas a medicamentos sujetos a prescripción médica sin el estricto cumplimiento de las formalidades impuestas por el decreto aprobado.

En concreto, explican los colegios y Satse, los enfermeros no deben llevar a cabo actuaciones sujetas a prescripción facultativa sin el previo y preceptivo diagnóstico y receta médica, debidamente cumplimentados y formalizados en los términos previstos por la ley y su normativa de desarrollo y previa indicación del protocolo a aplicar de forma individualizada, además de estar debidamente acreditados por el Ministerio de Sanidad.

Este cambio en la rutina diaria de la enfermería española supondrá, a juicio de los profesionales, “un grave problema asistencial”, pese a lo que piden a los responsables autonómicos de salud que respeten su decisión de cumplir la norma.

Finalmente, la enfermería española señala que el Gobierno no ha respetado el acuerdo al que llegó con los consejeros autonómicos de Sanidad el pasado mes de marzo sobre el mencionado decreto.

En la reunión del Consejo Interterritorial, recuerda la Mesa, los máximos responsables de la sanidad pública autonómica manifestaron su apoyo unánime a favor de la habilitación de los profesionales de enfermería para indicar, usar y autorizar la dispensación de determinados medicamentos sujetos a prescripción médica como prevé la Ley del Medicamento.

Y aceptaron, prosigue, condicionar el ejercicio de esta facultad por la profesión enfermera a su previa acreditación, y a la existencia de protocolos y guías de práctica clínica y asistencial, debidamente elaborados por la Comisión que se creará al efecto y validados por el Ministerio de Sanidad, algo que, finalizan, no se ha respetado en el decreto.