Enrique Díez, secretario federal de Educación, considera que la propuesta sugerida supone “la aplicación al ámbito educativo de lo peor de los métodos gestión y funcionamiento de la empresa privada, la apuesta por un sistema que genera sospecha sobre la profesionalidad del conjunto de los docentes, además de primar la competitividad y la meritocracia frente a la cooperación y la formación permanente entre la comunidad educativa”.

"Esta nueva ocurrencia de la derecha persigue, en el fondo, su eterno objetivo neoliberal de convertir el derecho a la educación en un negocio”, denunció el dirigente de IU.

En su opinión, que el salario de un profesor dependa de la evaluación del centro perjudicaría a los de menor nivel sociocultural e impondría un sistema educativo de competencia en el que se reafirmarían las desigualdades, con lo que el efecto sería "degradar" el sistema, "buscando con ello que la anhelada privatización sea más fácil de asumir por la sociedad”.

La coalición defiende una estrategia "radicalmente diferente": medidas "en positivo" de reconocimiento y formación de los profesores y sumarse al consenso ya creado para mejorar el sistema junto a la propia comunidad educativa.