Fuentes jurídicas informaron que la recusación del magistrado ha salido adelante por 14 votos a favor y cuatro en contra, mientras que la decisión sobre su compañera y presidenta de la Sala que debía juzgar el caso Gürtel se tomó por 10 votos a favor y ocho en contra.

Así lo han aprobado esta mañana los 18 magistrados del pleno que han estado reunidos durante cuatro horas. Es una decisión que adoptan después de escuchar esta mañana los argumentos de los dos ponentes, Ramón Sáez y Clara Bayarri.

Los dos han informado a favor de aceptar las recusaciones. Así pues, el tribunal que juzgará la pieza 'Epoca l' de Gürtel estará integrado por Ángel Hurtado, como ponente, Julio de Diego y José Ricardo de Prada. Contra el acuerdo adoptado hoy por el Pleno no cabe recurso alguno.

El Pleno está compuesto por 20 miembros, entre los que se encuentran los dos magistrados afectados por el incidente de recusación. Los magistrados reunidos esta mañana han salido del edificio de la Audiencia a bordo de sus respectivos vehículos sin responder a las preguntas de los periodistas. También salió Espejel a bordo de su coche pasadas las 14.15 horas y con el semblante muy serio.

SUSTITUTOS

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional aprobó el pasado 24 de julio un nuevo sistema de sustituciones de magistrados "en caso de ausencia de alguno de ellos por vacaciones, licencias, enfermedad u otras causas".

En virtud de las nuevas normas, Hurtado, de perfil conservador, será presidente en su calidad de magistrado más antiguo y, además, será el ponente de la causa. Junto a él y a Julio de Diego, el único miembro del tribunal que no fue recusado, juzgará el caso de presunta financiación ilegal del PP el juez progresista José Ricardo de Prada.

Hurtado formó parte del tribunal que ordenó archivar el caso de la muerte del cámara de Telecinco José Couso, que el Supremo obligó después a reabrirlo. También fue el encargado de revisar la investigación del 'caso Faisán'.

Con fama de discreto, este juez emitió un voto particular en la sentencia por la que decretó la libertad del etarra Juan Manuel Piriz en aplicación de la doctrina Parot avalada el tribunal de Estrasburgo, en el que se oponía a que este criterio se hiciera extensivo de manera automática a otros etarras.

Por su parte, De Prada se ocupó del caso del traficante gallego Sito Miñanco, el del Comando Vizcaya de la organización terrorista ETA en la década de los 90, los atentados terroristas contra Telefónica y Pryca o el caso Sogecable.

En 2005 fue acusado de prevaricación por los abogados del narcotraficante Laureaño Oubiña, pero no prosperó. Ese mismo año fue ponente de la sentencia que condenó al criminal argentino Adolfo Scilingo a 640 años de prisión por delitos de lesa humanidad, detención ilegal y torturas, cometidos en el marco de la dictadura militar.

Ricardo de Prada es miembro de la Asociación Jueces para la Democracia y del Instituto de Derechos Humanos de Estrasburgo y se encuentra calificado por la Unión Europea como experto de la misma en asesoramiento en cooperación internacional. De su actividad internacional como magistrado destacan sus misiones oficiales en Honduras, Costa Rica y Rumanía, para adecuar el derecho de dichos países a la estructura occidental de protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales.