Desde el Gobierno señalaron que esta ley “constituye un paso más en el cambio de modelo en la política de vivienda impulsado desde el Ministerio de Fomento con la finalidad de equilibrar la nueva construcción con la rehabilitación, impulsar la eficiencia energética en el parque edificado español, así como eliminar trabas y flexibilizar el sistema”.

El texto refundido “permitirá impulsar un subsector de la economía española que tiene un alto potencial y, sin embargo, una escasa entidad si se compara con la media de los países europeos”, agregaron.

En todo caso, según el Ejecutivo, “las reformas normativas abordadas, junto con el nuevo sistema de ayudas puesto ya en marcha con las comunidades autónomas en aplicación del Plan 2013-2016, han comenzado a dar sus frutos”.

Así, el número de licencias de viviendas para rehabilitación está creciendo al 28,8% anual y la inversión en rehabilitación en los últimos doce meses aumentó un 22,6%, según los datos de visados de dirección de obra al mes de julio, alcanzando la cifra de 2.568,8 millones de euros en los últimos 12 meses.

La nueva norma estatal, al sistematizar en un solo texto legal la legislación del Estado que afecta directamente a la legislación urbanística de las comunidades y al quehacer cotidiano en esta materia de los ayuntamientos, “no sólo simplifica la normativa en materia de urbanismo sino que aporta claridad y certidumbre a los operadores jurídicos”, destacaron.

El Consejo de Estado ha refrendado con un dictamen favorable la labor armonizadora que encierra el texto refundido sobre dos leyes “muy diferentes, en tiempo y también en objetivos”.